Con base en los datos oficiales, la extorsión es el delito que más ha crecido —junto con las desapariciones de personas— en los últimos 7 años.
Si comparamos la tasa sexenal de 2018 a 2024 con la del sexenio previo, la extorsión aumentó 37% y en lo que va del año, la extorsión ha crecido otro 5%.
Para atender tal crisis, el gobierno federal anunció una estrategia dirigida a reducir la incidencia de dicho delito que comprende reformar el marco normativo; usar para dicho fin las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS); fortalecer la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para identificar los movimientos de dinero derivados de dicho delito; cancelar las líneas telefónicas asociadas a la extorsión; impedir las llamadas de celulares desde los penales; incentivar las denuncias a la línea 089, entre otras medidas.
Es importante subrayar que el reconocimiento de la crisis de extorsión manda una señal de responsabilidad. Un gobierno que admite la falta de resultados en un área y propone una estrategia clara, específica y bien articulada, genera confianza —particularmente cuando por 6 años no hubo rumbo en las políticas de seguridad y justicia y se negó sistemáticamente la realidad en torno a delitos y violencia.
Desde hace 15 años en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos analizado el comportamiento de la extorsión; estudiado las políticas públicas para su combate —particularmente para entender sus fortalezas y debilidades—; investigado la diversidad que existe entre las capacidades institucionales del país; entendido cómo operan los grupos delictivos; trabajado con autoridades de los diferentes niveles de gobierno; descrito las deficiencias normativas y atendido las víctimas derivadas de su incidencia.
Por ello y en el pleno interés de fortalecer las actividades propuestas, debemos señalar algunos puntos que Ejecutivo y Legislativo deberán considerar para hacer lo más exitoso posible su plan.
En el estudio “La Extorsión Bajo el Caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas”, identificamos retos específicos para la legislación en materia. Entre los hallazgos destaca la necesidad de actualizar el tipo penal de una manera tan amplia que pueda incluir el uso de nuevas tecnologías, tales como la inteligencia artificial.
Asimismo, resulta imperativo que el delito sea perseguido de oficio, de manera que no dependa de denuncias y ratificaciones de las víctimas.
Si bien según datos de Inegi de las casi 5 millones de extorsiones que ocurren al año, el 90% son telefónicas, es recomendable priorizar los esfuerzos en combatir la extorsión presencial.
Priorizar no significa “olvida la extorsión telefónica o cibernética”, indudablemente se debe buscar la manera de inhibir ambas, no obstante, queda claro que con la actual situación de recursos y capacidades, se debe focalizar esfuerzos.
Entre ambas formas de extorsión, en la presencial la víctima corre el riesgo de perder su integridad física y/o la vida —además de sufrir un daño patrimonial—, al tiempo que genera control territorial para los delincuentes y fomenta la colusión entre autoridades y criminales.
Tal combate requiere de una fuerte inversión en reconstruir las capacidades de las UECS, de las fiscalías y las policías locales —desarticuladas el sexenio pasado— con el fin de que muestren rápidamente resultados en desarticular las bandas y recuperar los activos frutos de la extorsión.
Urge establecer un sistema de denuncia anónima que proteja a las víctimas. Actualmente quien denuncia la extorsión presencial se expone a ser secuestrado, torturado e incluso desaparecido o privado de la vida. Los grupos delictivos operan con halcones y funcionarios corruptos para disuadir cualquier acercamiento de las víctimas con las autoridades.
Por su parte, quien denuncia una extorsión telefónica, en el mejor de los casos pierde su tiempo sin recibir solución alguna.
Ante tal complejidad, la labor del 089 resulta insuficiente, para construir confianza se necesita limpiar a las instituciones, combatir la corrupción, sensibilizar a los servidores públicos en cómo tratar a los denunciantes, abatir la impunidad.
Ello requiere de trabajar de cerca con las víctimas, usar la inteligencia para investigar las actividades delincuenciales que se consuman paralelamente a las de extorsión —y así quitar el foco de atención sobre los posibles denunciantes que delataron a los criminales—, impedir las transferencias bancarias y el blanqueo de capitales.
En tal sentido el trabajo del sector financiero y la UIF debe ser más cercano y profundo. Resulta increíble que para cualquier persona abrir una cuenta y hacer movimientos bancarios sea complicado y sumamente fiscalizados, mientras que los delincuentes abren cuentas, reciben transferencias y mueven millones de pesos en la absoluta impunidad.
Otra labor titánica será combatir la corrupción en los penales. Recordemos que si los reos pueden hacer centenares de llamadas por día, es por las redes de complicidad con custodios y autoridades penitenciarias.
Si no se rompe tal colusión, de nada servirá invertir en más bloqueadores de señal y otras tecnologías, los delincuentes podrán seguir su actividad y los ciudadanos seguirán en la indefensión.
Los primeros pasos, muy importantes, ya se dieron, se reconoció el problema y se propuso un plan para resolverlo. Ahora es el tiempo de la implementación, donde las intenciones deberán ajustarse a la realidad.
Desde el ONC renovamos nuestro compromiso para acompañar a las autoridades federales y estatales, donarles los frutos de nuestra experiencia. Toda vez que cuando funcionarios y sociedad civil hemos trabajado de la mano hemos logrado reducir delitos y violencia, si hoy llegamos a la crisis en la que estamos es precisamente por una errónea política de puertas cerradas donde quienes ganaron fueron los delincuentes en el perjuicio de todos los mexicanos.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano