En México si eres víctima de reclutamiento forzado, es decir en contra de tu voluntad, eres obligado a cometer un delito, serás tratado como un delincuente más, el Estado no reconocerá tu calidad de víctima, no distinguirá entre quien decidió voluntariamente incurrir en la delincuencia de quien comete un delito porque fue privado de su libertad, torturado y amenazado con la muerte.
Ya desde 2020, en el Observatorio Nacional, Ciudadano (ONC) advertimos este problema, nuestra norma jurídica no reconoce las fallas en instituciones que permiten que grupos delictivos puedan engañar, secuestrar y forzar a jóvenes a participar en actividades delictivas.
Para nuestras autoridades, un joven obligado a cometer un delito, debe ser tratado como delincuente sin alguna consideración a su calidad previa de víctima.
Ante lo ocurrido en Teuchitlán -un campo de reclutamiento forzado, entrenamiento, tortura y exterminio- y las acciones que el gobierno federal está llevando a cabo -que tienen como objetivo desmantelar las redes que permiten reclutamiento de jóvenes-, vale la pena revisar los hallazgos que desde el ONC, en colaboración con la Red de Derechos por la Infancia, publicamos en el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños adolescentes por grupos delictivos”, para evitar que con ello se les revictimice a quien en carne viva sufrió ser víctima de reclutamiento forzado.
Como se dice coloquialmente, para muestra un botón: esta misma semana en el área de Atención a Víctimas del ONC recibimos la solicitud de apoyo por parte de una madre a quien primero le secuestraron a su hija y hoy se le acusa de delincuencia organizada.
La joven hace tan sólo un mes recibió una oferta de trabajo como camarera en un hotel de Puerto Vallarta, durante el viaje, la familia se mantuvo en contacto constante con ella hasta su llegada a la central camionera de Puerto Vallarta, cuando la comunicación se interrumpió.
Tras semanas de preocupación, la madre acudió a la localidad e interpuso una denuncia de desaparición de la joven. Pocas horas después, recibió amenazas anónimas de muerte si no retiraba dicha denuncia. Lejos de obedecer, la madre siguió buscando a su hija, sola, sin apoyo institucional.
Pocos días después fue informada de que su hija había sido detenida en otra entidad del noroeste del país, junto con decenas de otros jóvenes, acusada de delincuencia organizada.
La madre acudió de inmediato al penal donde su hija se encontraba detenida. Cuando finalmente pudo hablar con ella, la joven le relató una historia de terror: la joven había sido violada en múltiples ocasiones, torturada y obligada a cometer hechos que en sus palabras, definió como atroces. Actualmente, la joven expresa su deseo de acabar con su vida, se encuentra desesperanzada y con evidentes signos de trastorno postraumático. ¿Algún día podrá recuperar su tranquilidad? Lo dudo, el Estado no le ha brindado algún tipo de apoyo psicológico, la mantiene detenida y la considera una delincuente más, como cualquier otro integrante del CJNG -el grupo delictivo que aparentemente la reclutó, forzadamente.
Además la joven está en riesgo de recibir en algún momento una sentencia condenatoria que la mantenga presa por décadas.
Indudablemente es positivo que finalmente las fuerzas federales trabajen para inhibir el reclutamiento forzado; tras un sexenio en el que se permitió el crecimiento de los grupos delictivos y se desmanteló a las instituciones que protegían los derechos de los ciudadanos, es una buena señal que la federación asuma su responsabilidad. Sin embargo, estamos lejos de poder cantar victoria.
Este caso, como el de Teuchitlán y miles más, nos recuerda que urge implementar políticas que realmente protejan a los jóvenes, que corten los lazos que existen entre la sociedad y la delincuencia; urge se desarticulen las redes de corrupción que permiten que los criminales operen en la absoluta impunidad, al tiempo que se fortalezcan las capacidades institucionales para combatir los delitos; urge revisar los instrumentos normativos que permiten injusticias, como el hecho que es una joven secuestrada, violada, torturada, obligada a cometer algún ilícito, no reciba algún apoyo y se trate como una delincuente más.
Permítame repetirlo, nuestro sistema es tan injusto que si por algún motivo un joven es engañado, lo secuestran, lo amenazan, lo torturan para que cometa delitos, la ley no lo tratará como víctima sino como culpable.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
