México es un país violento. No hay forma de negar que si se comparan las tasas de homicidios, secuestros, extorsiones, trata de personas -entre otros delitos- con las de economías equivalentes a la nuestra, incluso con la de países de nuestra región, México se posiciona entre los peores lugares.
Ello es efecto de dos graves problemas, por un lado el creciente poder de grupos delictivos que controlan importantes porciones del territorio nacional y por el otro, la deficiencia institucional para prevenir, reaccionar y sancionar los delitos por parte del conjunto de autoridades de seguridad y justicia.
Es decir, mientras los delincuentes son cada vez más y cada vez más capaces, el Estado mexicano es cada vez más débil y menos capaz de enfrentar a los criminales.
Cada arranque de sexenio representa una esperanza de que “ahora sí” veremos reducir delitos y violencia, que los mexicanos finalmente viviremos más seguros y habrá un acceso pronto y oportuno a la justicia para toda víctima.
Para tratar de entender si emprendimos el camino correcto, en Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) repetimos un ejercicio -que llevamos a cabo desde hace cuatro sexenios- donde analizamos los datos oficiales, los instrumentos normativos y proponemos soluciones y apoyo a nuestras autoridades.
Por ello, el día de hoy presentamos el análisis de los primeros seis meses de la administración federal, con un énfasis en los datos nacionales y estatales de incidencia delictiva; los operativos que la federación ha dado a conocer; el contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND) -en materia de seguridad y justicia- y los principales pendientes que se presentan en nuestro país en dicha materia.
¿Qué nos dice la información pública oficial acerca de cómo se ha comportado el delito a nivel nacional? Que si se comparan los periodos octubre 2024-marzo 2025 vs el mismo periodo del año anterior, disminuye la tasa de homicidio doloso, de feminicidio, de delitos que atentan contra la vida, de delitos que atentan contra la libertad, los robos y la violencia familiar.
En contraste, aumenta la desaparición de personas, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el narcomenudeo, las violaciones, los homicidios culposos y las lesiones dolosas.
Si bien parece positivo que la estadística oficial de delitos que implican violencia letal haya disminuido, es importante resaltar que (1) su disminución es apenas del 2.05% -contrariamente al 30% de disminución que celebra erróneamente el gobierno federal- y (2) que el incremento de desapariciones de personas de 34% respecto al año anterior y de 2,637% respecto al mismo periodo de 2018 -2019, es un claro indicador que la violencia está lejos de ceder.
A nivel local hay varios focos rojos que señalar, Colima se mantiene ya por onceavo año consecutivo como la entidad más violenta del país; las entidades que concentran la mayor problemática de robos son Aguascalientes, Ciudad de México y el Estado de México; Quintana Roo es la entidad con la mayor tasa de trata de personas y de homicidio culposo -dato preocupante y sospechoso dado que el 64.5% de ellos no son accidentes viales ni se específica a qué se deben-; Baja California es la entidad con el mayor problema de robo de vehículo y de otros delitos que atentan contra la vida; Chihuahua es número uno en secuestro y violaciones; Guanajuato en extorsión y lesiones dolosas; Morelos en feminicidio; Sinaloa en otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal; San Luís Potosí en narcomenudeo.
Si bien es evidente que la actual administración federal ha mostrado mucha más determinación en combatir los delitos respecto a la de su antecesor, es pronto para entender si ello generará suficientes efectos positivos como para lograr revertir la actual crisis de violencia.
Particularmente si se considera que localmente hay focos rojos en situación crítica, que las medidas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos al nuestro podrían generar aún más problema en este lado de la frontera, que las prioridades descritas en el PND adolecen de sesgos importantes y sus metas son muy pobres.
Invitó a los lectores a seguir la rueda de prensa y leer con detalle el documento que se encuentra en la página del ONC.
Si las autoridades mexicanas buscan ser exitosas, urge establecer metas comunes, mucho más ambiciosas que deriven en presupuestos mayores para la seguridad, en sacar a la polítiquería del combate de los delitos y en una mayor cercanía con la sociedad civil, los expertos, los colectivos y las víctimas para entre todos enfrentar una crisis que ha asumido en los últimos 20 años a nuestro país.
