La presidenta Sheinbaum necesita urgentemente un plan B… pero de gabinete.
No sé qué vaya a suceder con la nueva reforma electoral. Sí sé que se está desnudando la bajísima calidad de muchos colaboradores de la jefa del ejecutivo.
Primero, la premura. El desdichado plan A generó una confrontación y un desgaste innecesarios. Confrontación dentro de la coalición gobernante. Fricciones. Enconos provocados por la altivez y el ninguneo. Pero en ese lento y público proceso, se provocó un desgate de la figura presidencial a quien se puso como centro de la reforma, proyectándola, incluso, modificando personalmente contenidos.
Casi sin enterrar al muerto, ya estaban lanzando el Plan B. No hubo sosiego para limar asperezas. Para cicatrizar. Consensuar.
Se regresó a la política chicharronera sin tener puerco.
Segundo, la redacción. El plan B es exhibido como una reforma no sólo funesta en sus alcances y peligrosa no ya para la democracia sino para la presidenta misma.
¿Por qué? Porque empatar la revocación con las elecciones intermedias, y permitir que la presidenta haga campaña, pervierte la equidad de todo el proceso. La revocación es una mala idea: además de aquí, sólo existe en tres países en América Latina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ninguno se distingue por su democracia.
Pero como estrategia política implica un riesgo enorme. El mecanismo se activa con un 3% de la lista nominal. Se requiere una participación de al menos el 40% para hacerla vinculante. Ambas condiciones se lograrán en 2027. Pero en una elección intermedia, gigante, la revocación es un plebiscito. Previsiblemente, gran parte de opositores irán por revocar el mandato. También, un porcentaje de los heridos de las nominaciones del oficialismo. La diferencia entre el sí y el no, de apenas unos puntos, puede dar un giro en cualquier momento.
Y entonces viene una segunda perversión. En el escenario que triunfe la revocación, la presidenta de la era moderna electa por un mayor porcentaje de votos sería removida. El Congreso nombraría al presidente sustituto: una elección ajena al voto popular.
Peor: se presentó un bodrio mal hecho que pretendía recortar el número de regidores en el país, según que para ahorrar. Pero no. Resultó que el estudio, su análisis y su redacción fue una pifia bochornosa. Más allá de consideraciones de federalismo, la propuesta dice que los ayuntamientos tendrán entre 7 y 15 regidurías. Pero resultó que 1,089 tienen menos de 6 y sólo 56, más de 15.
Más caro el caldo que las albóndigas.
Pero el tema es de muchísimo fondo. ¿Quiénes analizan las propuestas que ponen a consideración de la presidenta? ¿Alguien hace los estudios? ¿Nadie en Hacienda corrió las cuentas? ¿Nadie en Gobernación verificó el número de regidores en cada ayuntamiento? ¿Nadie consultó a los gobernadores? ¿No hubo un estratega que elevara la bandera roja sobre el éxito de una posible revocación?
Para un político hay un pecado capital: el ridículo.
Tercero, la operación. Lyndon Johnson, experto en aprobar leyes, decía que la política con el Congreso sólo tiene una regla, muy simple: saber contar. Si no se tienen los votos, no hay que exponerse al fracaso.
Por eso, en México sólo una iniciativa constitucional enviada por el ejecutivo había naufragado: la reforma fiscal de Vicente Fox. La energética de Felipe Calderón salió mocha, pero salió.
Aquí, no sólo no tenían los votos del PT amarrados. Salieron antes, con Luisa María Alcalde, a festinar que ya estaba listo el pastel. Pues se quemó, al menos por ahora. El gozo se fue al pozo.
Ya se está parchando vía transitorios.
¿Y?
¿La presidenta? ¿Quién asume los costos del desgaste?
@fvazquezrig