El absurdo jurídico se consumó sin cumplir siquiera con los requerimientos formales esenciales para una reforma constitucional legítima. Se convocó a un proceso electoral que nadie quiso ni entendió; y, se eligió a una serie de individuos para que, pretendidamente, administren justicia.
El mal está hecho, las consecuencias se empiezan a ver; las críticas son manifiestas; la inconformidad jurídica internacional es evidente, las empresas extranjeras radicadas en México empiezan a expresar su intención de abandonar el país por falta de certeza y seguridad jurídicas.
Los argumentos sin base siguen siendo los mismos: la soberanía popular y el derecho del pueblo para elegir y decidir todo.
La democracia es un sistema de gobierno y, al mismo tiempo, es una filosofía política que exige la tolerancia de todas las opiniones, el respeto a las minorías y, sobre todo y, ante todo, contar con una lógica política. De no cumplir con esto, caeríamos en el absurdo de que, por voluntad popular, se decidieran las dosis que tienen que aplicar los médicos, la cantidad de varilla que debe llevar una construcción o, en un partido de fútbol, si una jugada debe ser penalizada o no.
Pero lo peor está por venir. Los errores judiciales empezarán a surgir por doquiera, los atrasos de las sentencias son inevitables. El descontento de quienes acudan a los tribunales no se va a hacer esperar; el desprestigio del país va a ir en aumento.
El sistema jurídico mexicano va a entrar en una crisis que ni siquiera imaginan quienes propiciaron la reforma y la llevaron a cabo, pues ir en contra de la lógica, del sentido común, del derecho y contra viento y marea los convertirá, tarde o temprano, en parte de los afectados.
Solo nos queda ver cuál será la manera en que van a tratar de que el país no salte al precipicio que tiene enfrente.
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM