En nuestra colaboración anterior hicimos mención que el principio de representación proporcional como complemento del de mayoría relativa tiene como fin preservar diversos valores constitucionales sobre los cuales se soporta la legitimidad de la representación política en nuestro sistema constitucional.
Por una parte, se busca garantizar la pluralidad política en el poder legislativo como sustento de la diversidad cultural e ideológica que impera en el país. Así si bien el principio de mayoría relativa busca reflejar el temperamento político de las diversas regiones del país, la representación proporcional garantiza el espacio para aquellas otras visiones distintas a las mayorías que han de impactar la deliberación nacional.
Por otra parte, el sistema de representación proporcional busca un equilibrio que tienda a reflejar que las diversas visiones del país se reproduzcan de acuerdo a su peso específico en la elección. Es claro que la democracia es un sistema de mayorías y minorías. Que la gobernabilidad pasa porque las minorías no puedan obstaculizar que una visión mayoritaria imponga su talante en las decisiones de gobierno. De ahí que la sobrerrepresentación política solo encuentra su justificación cuando opera como una cláusula de gobernabilidad. Así, este esquema favorece que la minoría más grande, cuando es inferior al 50% de la votación, aspire a poder plasmar su temperamento en las decisiones de gobierno. Cabe establecer que si la votación está muy atomizada, la sobrerrepresentación no sirve para garantizarle la gobernabilidad a la minoría más importante. Por ello, se contemplan pisos y techos para que operen estos mecanismos.
Debemos de tomar en cuenta que la sobrerrepresentación para la asignación de diputaciones y senadurías nunca puede implicar una subrepresentación oprobiosa para las otras opciones políticas. Sobrepremiar con representación parlamentaria a una opción de gobierno a costa de la representatividad de su oposición necesariamente es un mecanismo autoritario. Promover la gobernabilidad no es sinónimo de reprimir a las minorías distintas de la minoría más importante.
Tal vez la clave para entender si estos candados operan o no para las coaliciones, o solo operan para los partidos políticos, depende de comprender cuál es el concepto de opción de gobierno que se construye a partir de la figura de las coaliciones. La coalición es una agrupación de diversos partidos políticos para que a partir del 50% de sus postulaciones y hasta el 100% de las mismas se comprometan a apoyar un programa de gobierno de resultar beneficiadas por el apoyo popular. Si la coalición como tal tiene garantizada la representación parlamentaria suficiente para sacar adelante su programa de gobierno no se justifica establecer una asignación complementaria de diputados en su favor. Es el convenio de la coalición el que funda el plan de gobierno sobre el cual se construye el mandato constatado en las urnas.
Un segundo principio opera en este caso distinto al de la gobernabilidad y es el de establecer límites a la mutabilidad constitucional en base a principios de disciplina política. La Constitución presenta los acuerdos fundamentales que amparan la coexistencia de todas las fuerzas políticas al amparo de un sistema democrático. La representación democrática y la legitimidad política del poder son valores constitucionales claves de nuestro régimen político.
La reforma de nuestro sistema constitucional debe pasar por un acuerdo que incluya a mayorías y minorías. Ninguna opción de gobierno puede tener el control y la disponibilidad sobre la Carta Constitucional por sí misma. Solo la participación de mayorías y minorías garantizan que los procesos constitucionales y los derechos fundamentales no se vean secuestrados por una mayoría hegemónica. La democracia pasa siempre por la posibilidad real y verosímil de que una minoría política pueda aspirar a construirse como mayoría política (como es el caso de Morena y sus aliados). Si ya como mayoría pueden cambiar las reglas del juego para evitar que su oposición no pueda crecer para dar lugar a una alternancia política, el carácter democrático se disuelve y la credibilidad en el régimen se destruye.
Hoy en el poder legislativo se procesan múltiples reformas constitucionales que de ninguna manera pasan por el consenso entre la coalición triunfante y su oposición. La gran mayoría de esas reformas plantean regresar a una concentración de poder en el Presidente de la República. Paradójicamente se invoca al sistema de partidos para poner en riesgo su propia subsistencia. No se puede hablar de suicidio político cuando el verdugo se encuentra en un lugar y la víctima en otro.
