Los descubrimientos recientes de espacios confinados para ser usados por organizaciones criminales, ya sea para centros de adiestramiento o fosas clandestinas, recuperan un sentido de emergencia nacional frente al avance de la violencia criminal. Desde 1993 en que se imprimió en nuestro marco constitucional una estrategia para combatir a la delincuencia organizada, se viene percibiendo un crecimiento del problema hasta llegar a comprometer las relaciones internacionales del Estado Mexicano.
En este plazo se han ensayado diversas aproximaciones al problema. El otorgamiento de facultades excepcionales para labores de inteligencia para el combate a la delincuencia organizada. La creación de un Consejo Nacional de Seguridad Pública para que la Federación y los Estados se coordinen para enfrentar un fenómeno que es dinámico y oportunista. En efecto, la delincuencia organizada no reconoce fronteras o competencias y siempre busca aprovechar los eslabones más débiles del entramado institucional. Asimismo, se ha venido planteando la modernización tecnológica de los centros de inteligencia a nivel regional y nacional. No ha quedado fuera de este esfuerzo el ensayar diversos mecanismos de reforma a los cuerpos castrenses y civiles de seguridad.
Asimismo, se plantearon estrategias territoriales tendientes a dificultar la movilidad de las organizaciones criminales mediante la implementación de retenes, o bien, privilegiar labores de inteligencia dirigidas a descabezar mandos superiores de dichas organizaciones. En años, se favoreció la formación de cuerpos federales de seguridad y el apoyo complementario y subsidiario de los cuerpos del Ejército y de la Marina. Recientemente, se cambió esa aproximación a la subordinación de los cuerpos de seguridad civiles federales, a mandos militares. Es cierto que en las últimas décadas se privilegió la formación de los cuadros castrenses en áreas de seguridad pública sobre tareas estrictamente militares, lo que puede explicar la transición del modelo.
De igual forma, se transitó de una percepción que da un lugar central al esfuerzo para combatir a las organizaciones criminales, a otra que apostó a una pacificación por la vía de la tolerancia a algunas de las actividades de estas organizaciones. El hecho central es que la violencia criminal se ha incrementado notablemente y, que algunos sectores de la sociedad han venido normalizando esta violencia como parte de la cotidianidad. Más grave aún la actitud de algunos políticos para entender que las organizaciones criminales son factores reales de poder que deben ser reconocidos y con los que, se debe generar una interlocución. Prácticamente un armisticio.
Las organizaciones criminales y el Estado son constructos que se influyen recíprocamente. El crecimiento de las organizaciones criminales depende de dos condiciones. Por una parte, la organización de actores y factores para la realización de conductas prohibidas por la ley, que resultan lucrativas precisamente por esa prohibición. En términos económicos, la prohibición es una barrera de entrada para la realización de estas actividades y sólo quienes están dispuestos a tomar un gran riesgo, obtienen la riqueza que dichas actividades generen. Por la otra parte, las organizaciones criminales subsisten cuando el Estado es incapaz de hacer valer esas prohibiciones. Aquí, violencia y corrupción se tornan indispensables para entorpecer la labor de la autoridad en el combate a esta delincuencia. Así, huachicol, narcotráfico, trata o extorsión, son actividades rentables por su carácter delictivo frente a la incapacidad de las agencias estatales para impedir dicha actividad.
Es a partir de este diagnóstico que las medidas para librar esta batalla se dan en dos frentes. Con realismo se deben revisar las prohibiciones legales para evitar que aquellas actividades que cuentan con cierta tolerancia social salgan de la clandestinidad que sólo sirve a las organizaciones criminales y a la corrupción política. Cambiar mercados negros por mercados regulados, por ejemplo, en temas de ciertas drogas, juegos y sorteos o prostitución, puede ser pertinente para transitar de medidas penales a medidas sanitarias. Por la otra, el privilegiar un fortalecimiento institucional de los cuerpos de seguridad especialmente los que tiene competencia para enfrentar a la delincuencia organizada es inevitable y necesario.
México no está condenado a ser un narcoestado. Estamos obligados a aprender de los aciertos y errores del pasado.
Abogado