El ejercicio del poder presidencial hoy se ve sometido a presiones nacionales e internacionales inéditas en términos de su exposición y grado. Las tensiones entre las agencias norteamericanas en materia de combate a la delincuencia organizada y las organizaciones criminales en México no son nuevas. El primer encontronazo sucedió en los ochenta con el asesinato de Enrique Camarena Salazar. Las secuelas de dicho episodio hoy siguen pisoteando la trayectoria de políticos como Manuel Bartlett. Es natural que las frustraciones de las autoridades extranjeras se dirijan en contra de sus interlocutores institucionales. Asimismo, es lógico que las alianzas de algunos políticos con líderes de la delincuencia organizada son necesariamente excluyentes de los deberes de colaboración real y de lealtad con las autoridades encargadas del combate al crimen. Esto es exacto, ya se trate de autoridades nacionales o internacionales.
Son dos las herramientas fundamentales de las organizaciones criminales para incapacitar y evadir a las autoridades encargadas de su combate: La violencia criminal y la corrupción institucional. Por definición, la delincuencia organizada es una estructura dedicada a la comisión de delitos de manera permanente. Su capacidad de hacerlo se basa en la inoperancia institucional de las herramientas y de las agencias destinadas a someterlas. En pocas palabras, los capos son delincuentes expertos en evadir a la justicia que los persigue. Este dilema puede ser dimensionado de una manera lineal. La fuerza de las organizaciones criminales es inversamente proporcional a la debilidad institucional para combatirla.
Lo que realmente añade un nivel de dramatismo al fenómeno es el de la violencia. Para fortalecer su capacidad de corrupción, los capos utilizan a la coacción sobre los agentes de autoridad. Plata o plomo es la cruel dicotomía a la que se quiere reducir la aplicación de la ley. En este terreno, parecen equipararse los valores de los sujetos en conflicto. Por ello, es fundamental marcar con gran fuerza la diferencia de los actores en este drama.
En la República, la aplicación de la ley es el camino mediante el cual se construye un orden social basado en la pluralidad, la justicia y la cooperación. En una sociedad democrática cada persona puede aspirar a desarrollar sus capacidades de manera libre a fin de cooperar y colaborar con los demás. Por el contrario, todo acto que tiende a amenazar la libertad de las personas y a la cooperación armoniosa es un acto opresivo y por ende, arbitrario e ilegal. La ley tiene que reconocer con claridad cuál es el espacio de la autonomía personal y el de la responsabilidad social. Así es como podemos establecer la diferencia entre la paz que promueve orden y libertad y aquélla que somete a las personas a los mecanismos de esclavitud, opresión y miedo que atentan contra la dignidad humana.
Así las cosas, la diferencia es clara. Cuando se defiende la aplicación de la ley se promueven la libertad, la igualdad y la solidaridad. Cuando se promueve la violencia criminal y la corrupción institucional, se promueve la ley del más fuerte y la opresión de los demás. Hoy el panorama es desolador, la normalización de la violencia y la cada vez más crónica debilidad institucional han abierto las puertas a que desde el exterior se presione a la Presidencia de la República para que se haga de lado y permita la intromisión de fuerzas extranjeras en territorio nacional. Honradamente no veo cómo esto fortalezca a nada y a nadie. Es la última frontera de la normalización de la violencia en detrimento de la fuerza de la ley.
Es por eso por lo que hoy urge recuperar nociones como patria, lealtad, integridad, cumplimiento del deber, paz justa, ley democrática. Rendirse ante las organizaciones criminales y ante la interferencia extranjera son actos de traición a la patria. El bien de México debe ser construido por mexicanos íntegros y por instituciones fuertes. Cada vez es más grave la situación y más difícil la posibilidad de revertirla. Ante ello no hay una alternativa distinta de la Presidenta de la República que fortalecer a las instituciones ni más ni menos. Hoy la Reforma Electoral subestima este panorama. El debilitamiento institucional ya ni siquiera es regresión autoritaria, sino puerta a la anarquía del más fuerte.
Abogado