A dónde va la reforma que viene

Corrupción y violencia son dos fenómenos cuyo efecto más corrosivo es mermar la legitimidad electoral de un régimen. Aun en el caso de los gobiernos más democráticos, los escándalos políticos o la violencia social han dado lugar a su derrumbe. En pocas palabras, el combate a la corrupción y la eficacia para abatir la violencia, son condiciones que acrecientan o deterioran al poder público.

No en pocas ocasiones en esta columna hemos cuestionado y criticado el desmantelamiento de órganos autónomos que tenían precisamente como propósito el control de la legalidad de los actos de poder. En un mundo donde el capital político se mueve por la influencia de la opinión pública, es esencial controlar las relaciones del gobierno con los medios de comunicación. O bien, cuando desde el gobierno se pueden favorecer actividades y sectores para que se enriquezcan los aliados, deben de controlarse las condiciones de competencia económica. O por último, cuando el gobierno tiene una autoridad sobre la libertad y patrimonio de los gobernados, se exige que un órgano no político verifique que están dadas las condiciones para que dichas intervenciones se justifiquen. Sin perjuicio de lo anterior, frente a una visión que señala que la única autoridad que vale es la que se obtiene en las urnas (sea como sea), la presencia de otros órganos de poder construidos como contrapesos del poder político electoral es un anatema.

Sin perjuicio de lo anterior, la experiencia de gobierno va tomando conciencia de los riesgos que significó tomar este camino. Hoy en el país campean múltiples escándalos de corrupción en los que se pretende involucrar ya sea como árbitro, como verdugo o como escudo a la Presidencia de la República. En muchos casos, puede que en la mayoría, estas especulaciones no tengan soporte. Sin embargo, el articulado institucional, o bien la falta de éste, permite darle cierta solvencia a los rumores.

Desde la Consejería Jurídica de la Presidencia se anuncia un nuevo paquete de reformas anticorrupción. Se dice que operan bajo tres presupuestos esenciales: 1.- Fortalecer la transparencia con un doble propósito: Socializar la adjudicación de privilegios de contenido económico y así evitar especulaciones sobre cómo el gobierno organiza al poder económico, y por la otra, abatir la opacidad que es el contexto que favorece la mayor parte de corruptelas vinculadas a la administración. 2.- Simplificación administrativa para abatir las oportunidades de corrupción, fundadas en disminuir la discrecionalidad de las decisiones de gobierno y, 3.- Fortalecimiento de las atribuciones de los órganos de la administración y de la Auditoría Superior de la Federación para agilizar su actuación. Habrá que estar atento a los contenidos y alcances de dicha reforma para poder comprender que ha aprendido el gobierno en esta materia y qué tan lejos quiere llegar.

La última reforma importante contra la corrupción que se desplegó entre bombos y platillos fue en la época de Peña Nieto. El gobierno tenía que hacer frente a un desprestigio cada vez más acumulado frente a la corrupción del país. El caso más paradigmático fue la Casa Blanca. Este tema fue central para la caída precipitada del poder político en turno y la alternancia a que se dio lugar en el 2018. La gente no le compró al gobierno de Peña Nieto la idea de que tenía una intención seria para abatir la corrupción. La gente le creyó a López Obrador que él estaba dispuesto a abatir ese mal. Al final, la historia condenó a Peña Nieto y hoy parece asumir el mismo destino frente a López Obrador.

El hecho es que la corrupción no ha desaparecido ni ha mejorado sustancialmente su combate. Esto tiene un efecto de contaminación sobre los políticos honestos que quieren servir lealmente a su país a través del servicio público. La mancha de la sospecha y el estigma de la arbitrariedad van creciendo lentamente dentro de las arterias y venas que riegan el sistema político. Hoy la Presidencia debe ver con preocupación que su poder se ve amenazado por el desprestigio y la desconfianza.

Siempre he sostenido la necesidad de un acuerdo nacional para abatir la corrupción. Este es un cáncer que corroe a todo el cuerpo político. Cada vez su letalidad es mayor. No soy nada optimista que este acuerdo pueda llevarse a cabo. Muy posiblemente la oposición vilipendiará y el Régimen se defenderá, dando lugar a una política facciosa e incompleta.

Ojalá que los políticos puedan mirar por encima de sus narices por el bien del país.

Abogado

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