De acuerdo con nuestra Constitución y la legislación electoral, nuestra nación se rige bajo un sistema democrático que, entre otros elementos, indica la renovación periódica del poder público a través de elecciones libres, auténticas y con la certeza jurídica para que las y los ciudadanos puedan emitir su derecho al voto de manera segura por las personas candidatas, partido político, coalición o candidatura independiente de su elección.
En este contexto, las elecciones necesitan varios factores para su óptimo desarrollo, uno de ellos es que la ciudadanía tenga la garantía por parte del Estado que votará en un entorno de paz y en tranquilidad, en donde la inseguridad no sea un factor de inestabilidad política, sino que las elecciones sean una auténtica fiesta cívica.
No obstante, existen varios indicadores que resultan preocupantes y que es necesario describir. De entrada, de manera general la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada el pasado 23 de octubre el año en curso refiere que el 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Este registro resulta por demás relevante porque se trata justamente de la población electora.
Otro registro importante es que, de este universo el 68.2% de las mujeres refirieron sentirse inseguras de vivir en su ciudad cuando son las mujeres las que, al menos en la elección de 2024, votaron en casi 10 puntos porcentuales más que los hombres.
Ahora bien, si comparamos por ciudad de interés, es decir, las áreas urbanas con mayor porcentaje de personas de 18 años y más, tenemos, por ejemplo, poblaciones como Culiacán, Sinaloa; Irapuato, Guanajuato, y Chilpancingo, Guerrero la percepción sobre la inseguridad pública registra un altísimo porcentaje: 88.3%, 88,2% y 86,3%, respectivamente.
En el mismo sentido, Integralia en su Reporte Final sobre Violencia Política reportó que la elección de 2024 “ha sido el más violento de la historia moderna: de septiembre de 2023 al día de la elección […] documentó 889 víctimas de violencia política, incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos”. Otros registros reveladores refieren que el “75% de los ataques contra candidaturas se concentró en el ámbito municipal”.
Por su parte, Laboratorio Electoral en su informe final de septiembre de 2024 al referirse a la elección política de junio, señaló que en los 17 municipios que registró mayor cantidad de agresiones, se presentó una disminución de un 7% en la participación ciudadana respecto a la elección federal similar anterior, es decir, la llevada a cabo en 2018.
Finalmente, llama la atención que esta empresa registró que, en el mes de mayo, justo cuando las campañas electorales se encontraban en su apogeo, se presentaron él mayor número de eventos violentos por mes.
Los datos aquí presentados, sin referir los incidentes registrados por el INE o las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, dan muestra de que es necesario desde el Estado, brindar las condiciones de seguridad necesarias en el transcurso de los procesos electorales que den las garantías a la ciudadanía para su libre participación.
De lo contrario, los indicadores de inseguridad aquí referidos pueden ser motivo de perjudicar la participación del mayor elemento de nuestra democracia: la ciudadanía.
Analista político