La declaración presidencial de que enviará en fecha próxima una iniciativa para reformar al Instituto Nacional Electoral, con la idea de reducir su gasto, y como hemos de suponer la reducción de su personal, implicará -lo puedo asegurar- que será una modificación constitucional para tener en esa institución una oficina más que dependa de las decisiones del Ejecutivo.
Esta decisión, como lo expresó la Presidenta de la República, la motivó el que haya dentro del Instituto mencionado, voces que no se acomodan a los deseos palaciegos en el sentido de atreverse a anular algunos votos de los que se emitieron con motivo de la triste jornada del primer domingo de junio. Para el futuro tendremos una disposición legal que hará renacer una situación que torpemente imaginábamos se quedaría en el pasado. Con esa modificación, las elecciones dejarán de ser como lo eran, gracias a la reforma promovida por el doctor Zedillo, organizadas y calificadas por un organismo autónomo.
Fui realmente torpe o ingenuo en pensar que un gobierno que creímos progresista tendría interés en cambiar esa estructura. Me equivoqué: es un gobierno encaminado a afianzar su poder sin interesarle la voluntad popular.
Se pretende desaparezcan los diputados plurinominales; con esto ya no habrá necesidad de buscar traidores que apoyen iniciativas tan destructoras, como la de la reforma judicial. En la actualidad, con una reforma constitucional, promovida por otro presidente neoliberal, como han de calificar a López Portillo, se permitió que todas las corrientes políticas tuvieran una representación en el Poder Legislativo.
Esa reforma futura nos llevará a un pasado todavía más lejano: el que existía con el presidente López Mateos, que creó a los llamados Diputados de Partido, y que permitió que llegaran a la Cámara, por el PAN, Adolfo Cristlieb Ibarrola; por el PPS, Vicente Lombardo Toledano, y por el PARM, el general Jacinto B. Treviño.
A propósito también de esos brincos espectaculares al pasado, dañinos para la vida institucional de México, está la amenaza de suprimir el financiamiento a los partidos políticos. Será el propio gobierno quien financie y sostenga a Morena, y que con ese apoyo económico participará en las elecciones del futuro, bajo esquemas del pasado.
Las anteriores iniciativas son, hasta ahora, solo anunciadas, confiemos por México no se materialicen gracias al patriotismo y preocupaciones por la evolución democrática del país que nuestra Presidenta dice tener, para que no escuche a quienes pretenden con esas reformas llevarnos a un pasado superado hace décadas.
Hablando de reformas, han sido aprobadas en la Cámara de Diputados otras reformas que, esperemos, aunque sea quizá una espera sin sentido, que no cuenten con la aprobación del Senado. Me refiero a la reforma que nos acerca cada vez más a la militarización oficial, que incorpora a la Secretaria de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional.
Otra ley aprobada por los diputados es la que fue bien bautizada como la “ley espía”, que permite a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, sin necesidad de contar con la autorización judicial a obtener información, de bases de datos personales, vehiculares, telefónicos, cuentas bancarias, registros públicos de la propiedad y hasta de carácter médico de cualquier persona.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM