Gertz Manero deja la Fiscalía General de la República (FGR). Su renuncia, disfrazada de designación como embajador y presentada bajo presión, evitó una destitución que ya se perfilaba conforme al mecanismo legal de remoción. La verdad es que su gestión, marcada por un estilo centralizado, conflictos internos, pocos avances en casos clave y un uso discrecional de la acción penal, terminó por aislarlo políticamente y erosionar la credibilidad institucional.
La autonomía constitucional no garantiza per se un ejercicio independiente, técnico y profesional de la procuración de justicia; lo que nació como respuesta a la exigencia ciudadana de contar con una institución capaz de investigar sin subordinación al poder político, quedó perdido entre la retórica legal y las prácticas tradicionales de concentración de poder. Gertz, primer fiscal designado bajo la nueva figura de autonomía de la FGR, prefirió utilizarla como un espacio de poder personal y para operar al margen de otras autoridades, limitando la coordinación al mínimo y debilitando con ello cualquier posibilidad de articular una política nacional de seguridad y justicia.
No hay que olvidar que llegó a la FGR gracias a una operación política cuidadosamente diseñada. Durante la transición de 2018 integró el equipo encargado de estructurar la nueva Secretaría de Seguridad, donde se proyectaba que ocuparía una subsecretaría bajo el mando de Alfonso Durazo. Desde ahí fue determinante para convencer al entonces presidente electo López Obrador, de que la Policía Federal era una institución irremediablemente corrompida y debía desaparecer. Al mismo tiempo, maniobró para evitar un cargo que no quería, asegurándose finalmente el nombramiento como fiscal.
Según México Evalúa, en 2023 la FGR registró un nivel de impunidad de 93.6%. Esta cifra se refleja en el desempeño de sus Fiscalías Especiales y Unidades de Investigación: la de desaparición forzada judicializó solo el 1.84% de las 2,012 investigaciones iniciadas entre 2019 y 2023; la especializada en migrantes abrió 10,409 carpetas sin una sola judicialización por desaparición de personas migrantes entre 2018 y 2024; y, en materia de tortura, de 5,833 indagatorias iniciadas, solo 75 llegaron ante un juez. Bajo su administración, el presupuesto ejercido y el número de elementos de la FGR disminuyeron, mientras que las investigaciones pendientes se incrementaron alrededor de 60%, consolidando a la institución como un cuello de botella que no investiga, no acusa y no garantiza justicia.
Asimismo, se le acusa de usar el aparato del Estado para investigar a opositores, filtrar información para perjudicar a facciones de la 4T, emplear la acción penal con fines personales —como la acusación por homicidio por omisión contra su cuñada—, presiones a empresarios, propiedad de numerosos inmuebles de alto valor e incluso su inexplicable incorporación al nivel III del SNI.
Este relevo abre para la Presidenta un espacio estratégico: la posibilidad de consolidar la arquitectura de seguridad y justicia que su gobierno ha comenzado a construir. En ese contexto, Ernestina Godoy podría representar una opción favorable para lograr una coordinación más efectiva entre la SSPC y la FGR y con ello contrarrestar los altos niveles de impunidad que caracterizan a nuestro sistema. Para lograrlo se requiere un modelo menos concentrado en la figura del titular y más apoyado en cuadros técnicos, protocolos, análisis de inteligencia y prácticas de investigación con estándares verificables. En un país que demanda resultados y certezas, la transformación de la FGR es más que un cambio de titular; es la oportunidad de corregir un diseño institucional que nunca terminó de despegar.
@EuniceRendon