A inicios de mes se empezaron a transmitir en televisión abierta mexicana anuncios en contra de la migración indocumentada a Estados Unidos, dirigidos por la secretaria de Seguridad Nacional de dicho país, Kristi Noem. Los mensajes forman parte de una campaña nacional e internacional lanzada por el gobierno estadounidense para disuadir los intentos de personas para entrar de manera irregular a su territorio.
En los videos, entre otras cosas, la secretaria Noem agradece a Trump por reforzar la frontera y deportar a quienes llama “criminales inmigrantes ilegales”. Advierte: “si estás considerando entrar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses. Déjame ser clara: si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos".
Más allá de la finalidad que pueda tener el gobierno estadounidense de proteger sus fronteras, el tono de los videos contribuye a reforzar una narrativa distorsionada que criminaliza a las personas en movilidad, perpetuando estigmas, y fomentando el odio y la discriminación. Preocupa su reproducción en televisión nacional abierta, ya que además de validar una visión errónea de la realidad migratoria -en México migrar no es un delito-, polariza a la población y aumenta la indefensión de un grupo ya vulnerable.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), reaccionó y envió una carta a los medios mexicanos que difundieron el anuncio, instándolos a retirarlos del aire por su carácter discriminatorio, además de que contravienen lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución, y los artículos 2, 223 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum rechazó la transmisión de los comerciales estadounidenses y envió de manera exprés al Senado una iniciativa de decreto para expedir una nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta ley, además de prohibir anuncios que divulguen propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en México, prevé cambios importantes, como la centralización de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá las funciones del recientemente desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Si bien hay un consenso general en cuanto la necesidad de prohibir la transmisión de propaganda política ideológica extranjera en nuestros medios nacionales -acaso también de la urgencia de hacerlo velozmente-, la aprobación de una ley conformada por 283 artículos para regular un tema tan fundamental como el de las telecomunicaciones, amerita cuando menos un debate abierto, plural, bien fundamentado y con suficiente tiempo para el análisis.
La información y las comunicaciones son espacios estratégicos que moldean la manera en que la sociedad interpreta la realidad, toma decisiones y, en consecuencia, determinan el rumbo político y social de un país, e incluso del mundo. El capitalismo extremo ha propiciado que la información quede en manos de intereses económicos, reduciendo el papel de algunos medios a meros instrumentos de propaganda al servicio del poder. En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de proteger la soberanía nacional, y está en lo correcto al establecer límites a aquellas televisoras que, a cambio de dinero, permiten la injerencia extranjera o difunden discursos de odio. Estos medios, aunque sean privados, son concesionarios de un recurso que pertenece a la nación; su función incide directamente en el interés público y deben cumplir con responsabilidades legales y éticas básicas. Igual de grave sería que el Estado monopolizara la información o ejerciera censura. El desafío -ético y estratégico- radica en construir un sistema plural, transparente y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas, que garantice la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz y diversa.
@EuniceRendon