Durante años la prevención de las adicciones se centró en el tabaco, el alcohol y otras sustancias. Hoy enfrentamos un desafío distinto: millones de niñas, niños y adolescentes crecen en un entorno digital diseñado para mantener su atención el mayor tiempo posible, mientras familias, escuelas y políticas públicas aún carecen de herramientas suficientes para acompañarlos. En 2019 la OMS incluyó el trastorno por uso de videojuegos en la clasificación de enfermedades y más recientemente el uso de internet y redes sociales ha cobrado relevancia. A diferencia de las sustancias psicoactivas, los celulares no son vistos como algo potencialmente dañino por gran parte de la sociedad.
Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales han abierto nuevas formas de aprender, comunicarnos y participar. El problema aparece cuando, desde edades muy tempranas, un cerebro en desarrollo entra en contacto con plataformas que generan contenido infinito y algoritmos que enganchan.
La OMS advierte que la adolescencia es una etapa clave para desarrollar la regulación emocional, las habilidades sociales y la resiliencia. Sin embargo, la encuesta Health Behaviour in School-aged Children muestra que 1 de cada 10 adolescentes presenta un uso problemático de las redes sociales con rasgos similares a una adicción, y que otro 32% está en riesgo, lo que se asocia con mayores problemas de salud mental y de bienestar.
México merece especial atención. Superamos el promedio mundial de uso de internet, con más de 7 horas y media al día entre mayores de 16 años. Además, el acceso entre niñas y niños de 6 a 11 años pasó del 10% hace una década a cerca del 80% hoy. Es la primera generación que crece con una pantalla como parte constante de su infancia.
El uso excesivo de redes sociales, internet y videojuegos se asocia con un mayor riesgo de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, aislamiento, ciberacoso, bajo rendimiento escolar e incluso ideación suicida. Como ocurre con otros problemas de salud pública, estos riesgos pueden sumarse a factores como la violencia familiar, los trastornos mentales o el consumo de sustancias. La violencia rara vez tiene una sola causa. Por ello preocupan algunos casos recientes en distintos países donde una discusión por retirar el teléfono celular a un menor antecedió un suicidio u homicidio. No fue el celular el que provocó estas tragedias, pero sí se revela un fenómeno que no debe ignorarse: cuando retirar un dispositivo desencadena ira, ansiedad extrema o pérdida de control, el problema deja de ser tecnológico para convertirse en un asunto de salud pública.
Son pocos los países que han creado leyes nacionales que prohíban o limiten el acceso de menores a redes sociales, como China —conocida por el control directo del Estado sobre el acceso y uso digital—, Australia, Reino Unido, Indonesia, Malasia y Canadá. También existen otros con propuestas o medidas en desarrollo que van desde la prohibición del acceso de menores a redes sociales hasta restricciones en el uso de ciertas aplicaciones. Los retos son enormes, tanto por el poder de las grandes empresas tecnológicas y de inteligencia artificial que están detrás de estas plataformas, como por las dificultades para hacer cumplir la normativa. En todos los casos, el objetivo no es prohibir la tecnología, sino proteger el desarrollo infantil y promover un uso gradual, supervisado y acorde con la edad.
México debe asumir este desafío como un problema de salud pública y prevención de las violencias. Ello implica incorporar la dependencia digital a las políticas de salud mental, fortalecer la educación socioemocional desde la infancia, alfabetizar digitalmente a familias y docentes, establecer criterios claros sobre el acceso de menores a dispositivos y redes sociales, detectar oportunamente el uso problemático y exigir mayor corresponsabilidad a las empresas tecnológicas.
El mayor riesgo no es crecer rodeados de tecnología, sino hacerlo sin las herramientas emocionales para vivir cuando la pantalla se apaga.
@EuniceRendon
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