México es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio. Esta complejidad exige respuestas institucionales adecuadas, incluida la reforma del marco normativo para ampliar las vías de movilidad formal y promover una migración segura, ordenada y regular. Ello responde a que las leyes no son estáticas, sino que deben ajustarse a la evolución de la realidad social que buscan regular.
En este contexto, el Instituto Nacional de Migración ha iniciado un proceso participativo con diversos actores como la academia, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y legisladores, así como el fortalecimiento del trabajo interinstitucional y el acercamiento con el sector privado en materia productiva. Estos espacios de diálogo resultan clave para avanzar en una reforma normativa acorde con las dinámicas actuales de la migración.
Una condición fundamental en la que la mayoría de los grupos y expertos coinciden, para garantizar el acceso pleno de las personas migrantes a sus derechos y su integración efectiva en la sociedad, es fortalecer los mecanismos de regularización migratoria, priorizando la de personas ya asentadas en nuestro país y la reunificación familiar: simplificar procedimientos administrativos y ampliar las opciones disponibles para quienes se encuentran en nuestro territorio.
Asimismo, es preciso formalizar su identidad legal mediante un documento oficial, facilitar su inclusión financiera y en el mercado laboral formal, pasos indispensables para que puedan ejercer plenamente sus derechos, lograr su autosuficiencia y contribuir al desarrollo económico, social y cultural de México asegurando la integración efectiva de las personas migrantes.
Para ello, se requieren reformas estructurales a la Ley de Migración y otros marcos normativos, hoy limitantes para la movilidad y la integración. Estas deben acompañarse de políticas públicas efectivas, coordinación interinstitucional y asignaciones presupuestales suficientes que aseguren su implementación sostenida.
Entre 2010 y 2025 el Inami recibió 7,433,000 trámites migratorios, con un promedio anual de 459,000 y un repunte en el último lustro que alcanzó 513,000 trámites por año. Este incremento sostenido plantea retos importantes para la gestión migratoria, que requieren fortalecer la capacidad institucional del Inami, así como avanzar a la digitalización y simplificación de procesos para garantizar respuestas oportunas, eficaces y con mayor transparencia.
Al mismo tiempo, la creciente complejidad de los factores que impulsan la migración, —pobreza, conflictos armados, crisis políticas y climáticas, violencia y otras tensiones sociales— junto con los desafíos regionales y globales, exige que la gestión migratoria vaya más allá de la mera tramitación administrativa. Se requiere un enfoque integral e interseccional de la movilidad humana, basado en la colaboración interinstitucional y en la centralidad de los derechos humanos en todas las decisiones y acciones.
Lograr que las personas que necesitan protección internacional se integren en México exige esfuerzos conjuntos, coordinados y sostenidos entre las autoridades, las empresas, la sociedad civil y los actores internacionales, abordando de manera integral los distintos aspectos de su inclusión. Asimismo, los cambios normativos deben guiarse por el principio de progresividad de los derechos humanos y el interés superior de la niñez (población prioritaria de atención).
En este contexto, la discusión no se limita a regular los flujos de personas, sino a diseñar marcos normativos y políticas públicas capaces de reconocer los diversos factores de empuje de la migración. El país tiene la oportunidad de consolidarse como un destino seguro y acogedor para personas con necesidades de protección internacional, aprovechando sus talentos y contribuyendo a la riqueza cultural y social de la nación. Lograrlo requiere una transformación profunda y un cambio de paradigma en la manera de abordar la migración que contemple las múltiples trayectorias y contextos del desplazamiento contemporáneo.
@EuniceRendon