La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Trump ha modificado de manera estructural el perfil de riesgo del sector empresarial que opera en México, especialmente aquel que cuenta con operaciones transfronterizas, acceso al sistema financiero internacional o integración en cadenas globales de suministro.
Bajo la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, con la excusa de proteger su seguridad nacional, el gobierno estadounidense se abroga la facultad extraterritorial de sancionar cualquier apoyo material o de recursos a organizaciones extranjeras designadas como terroristas (incluidos pagos por extorsión, contratación de proveedores vinculados a estructuras criminales, uso de servicios controlados territorialmente por grupos delictivos o relaciones comerciales con empresas fachada). Entre las consecuencias previstas se cuentan multas, congelamiento de activos y responsabilidades penales para individuos, así como sanciones a empresas.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado casinos vinculados al Cártel de Sinaloa, y sancionado a firmas de químicos, laboratorios, bienes raíces y otras empresas asociadas a los Chapitos. El caso más emblemático es el de CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, que acusadas de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, terminaron en la revocación de licencia de las dos primeras y en la escisión de Intercam Banco.
A diferencia de otros grupos incluidos en listas de terrorismo, los cárteles de la droga no persiguen una agenda político-ideológica, sino fines eminentemente lucrativos. Esta lógica les ha permitido infiltrarse en numerosos sectores de la economía nacional, lo que expone a quienes realicen transacciones o presten servicios en sectores diversos a involucrarse y facilitar, aun sin saberlo, alguna operación relacionada con “actividades terroristas”. En este contexto, la gestión del riesgo vinculado a la criminalidad deja de ser un asunto meramente operativo y se convierte en un componente estratégico de la gobernanza corporativa.
En la práctica, esto plantea retos significativos para las empresas, que deben asegurarse de no mantener vínculos, directos o indirectos, con estas organizaciones. Requiere establecer sistemas rigurosos de cumplimiento, verificar exhaustivamente a los clientes, y monitorear de manera constante las transacciones, ya que ahora su actividad se evalúa no solo desde el punto de vista financiero, sino bajo un enfoque de seguridad nacional. Para mitigar exposición, las empresas deben fortalecer de manera inmediata sus programas de compliance con enfoque en financiamiento al terrorismo, implementar debida diligencia reforzada sobre terceros y cadenas de suministro, mapear riesgos territoriales, establecer protocolos formales para manejo de extorsión y coerción, reforzar controles financieros y documentar exhaustivamente todas las decisiones en contextos de riesgo. La gestión empresarial en México entra así en una fase de cumplimiento ampliado donde la prevención de vínculos, incluso involuntarios, con economías criminales se convierte en un requisito crítico de continuidad operativa y legal.
En suma, México ofrece valiosas oportunidades económicas, al grado de haberse consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, operar en el país implica asumir costos adicionales asociados a la inseguridad: mayores primas de seguro para el transporte, cambios en rutas logísticas, pérdidas por robos y presiones directas como el cobro de piso o de paso, además de prácticas de corrupción institucional. A este contexto ya complejo se suma ahora un entorno jurídico más estricto, que las obliga a revisar y reforzar sus controles internos y sus análisis de riesgo para no incurrir -aun sin intención- en conductas que puedan considerarse financiamiento al terrorismo, obligándolas a extremar sus controles internos y su gestión de riesgos.
@EuniceRendon