El pasado 8 de mayo el pueblo Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán recibió en su territorio, por primera vez, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien le entregó un Decreto por el que se reconoce y confirma la posesión sobre 5,956 hectáreas que estuvieron en disputa durante décadas.
Gran expectativa había en San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, una de las comunidades agrarias más grandes del país a la que, en 1953, le fueron reconocidas mediante Resolución Presidencial 240 mil hectáreas de su territorio ancestral.
A pesar de contar con ese documento –basado en gran medida en su título virreinal– las invasiones de ganaderos continuaron. Vecinos mestizos fueron apoderándose con violencia –y documentos apócrifos– de grandes superficies pertenecientes a la comunidad.
En la zona limítrofe de la comunidad con Huajimic, los mestizos invadieron más de 10 mil hectáreas, lo que propició que los Wixaritari decidieran tomar acción judicial y con la fortaleza que les caracteriza, se organizaron y demandaron ante los Tribunales Agrarios la restitución de 42 predios invadidos.
Tras décadas de protestas y luchas interminables, el pueblo Wixárika decidió probar esa nueva estrategia para recuperar el territorio despojado. Fue hacia el 2007 que se alió con abogados y peritos topógrafos, comprometidos y sensibles a la problemática, cuyo esfuerzo se coronó con la interposición de 31 juicios de restitución por parte de las autoridades agrarias de San Sebastián. Tales juicios, luego de años y de transitar por los procedimientos correspondientes, confirmaron que aquellas superficies eran tierras comunales y por tanto les pertenecían.
Pese a todos los esfuerzos, el tiempo y los recursos invertidos, resultó frustrante para esta comunidad que ni con el título virreinal, ni con la Resolución entregada por el entonces Presidente Adolfo Ruiz Cortines, y aun con las sentencias favorables obtenidas, pudieran recuperar la posesión de sus tierras invadidas.
En mayo de 2022 la indignación de la comunidad llegó a un punto máximo, y fue entonces que decidió exigir justicia y caminar desde la Sierra hasta la CDMX para obtener una respuesta clara de las autoridades, por lo que AMLO ordenó inmediatamente un plan de justicia.
Finalmente, el Decreto firmado por la Presidenta Sheinbaum, el jueves 8 de mayo, constituye un acto de resarcimiento ante los agravios cometidos en el pasado y una forma de garantizar la certeza jurídica y material de la restitución ordenada por los Tribunales Agrarios y perfeccionada por el Gobierno Federal. Es un acto que marca la nueva ruta de transformación política prometida hacia los pueblos originarios.
Por su parte, la comunidad reconoció, a través de sus autoridades agrarias, la importancia de tener en su territorio a la Presidenta, la cual ha establecido como uno de los ejes de su gobierno, el avance en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que entiende y acompaña esa larga lucha Wixárika por conservar su espiritualidad, su espacio sagrado y se convierte en una aliada fundamental para alcanzar sus profundos anhelos respecto del legado espacial que sus antepasados les dejaron.
Consejera jurídica de la Presidencia
