El ilegal paro de labores que se llevó a cabo como protesta por la reforma al Poder Judicial que entró en vigor el día 16 de septiembre de 2024, no solo fue en flagrante desacato a la Constitución, sino también un arrogante acto ilegítimo, antidemocrático y de profundo desprecio al masivo voto popular que la hizo posible. Ocasionó también pérdidas al erario por casi 13 mil millones de pesos y lo peor, suspendió los procesos de miles de personas que intentan resolver sus asuntos en tribunales.
Al no conseguir su propósito de descarrilar la reforma al Poder Judicial, ahora los ministros llegaron al extremo de aprobar otra maniobra ilegal que se revierte contra todas las personas que les otorgaron su confianza para participar en el proceso de selección.
La reforma al Poder Judicial mandata la realización del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 dentro del cual, el 1 de junio de este año, se elegirá democráticamente a la totalidad de ministras y ministros de la SCJN, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito.
Por su parte, es responsabilidad de cada uno de los tres Poderes de la Unión la selección y postulación del número de candidaturas que corresponda a cada cargo; no obstante, el 13 de enero, la SCJN con base a suspensiones emitidas por jueces federales de Michoacán y Jalisco, a todas luces improcedentes por ser contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, tal y como la propia Corte lo ha señalado, aprobaron que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación suspendiera los trabajos de selección de candidatos para la elección judicial del 1 de junio, dejando fuera a más de 3,000 ya inscritos, lo que es una completa arbitrariedad.
Ahora queda dialogar con el Senado para buscar la manera de garantizar los derechos de las tres mil personas ya inscritas por parte del Poder Judicial.
La mayoría conservadora de la SCJN, al intentar obstaculizar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros no solo parecen desquitarse con los suyos, sino que cometen un gigantesco disparate jurídico, pues los amparos no pueden concederse en materia electoral; tampoco las suspensiones que, como todas las expedidas contra la reforma judicial, son nulas de origen por violar la propia Constitución.
Esta decisión, como muchas otras de dicha mayoría, es muestra de la forma como se ha conducido en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y cómo, a través de decisiones judiciales, se conduce en franco ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano, representativo, federal y a la libertad de sufragio en una clara violación a los derechos humanos.
No hay argumento jurídico que justifique la interrupción del proceso ni motivos para cancelarle a miles sus legítimas aspiraciones. Sólo se trata de la inveterada defensa de privilegios malsanos, más el desprecio por la Ley y por la mayoría del pueblo de México.
Consejera jurídica de la Presidencia
