El ocaso de una era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abrazó a los privilegiados, que protegió a los poderosos, que hizo de la justicia un negocio, donde el nepotismo, el influyentísimo y la corrupción fueron la norma, llega a su fin, gracias al poder del pueblo. Esa Corte que se va, tiene su antecedente en 1994, cuando Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial, reduciendo de 26 a 11 el número de ministros, con la promesa de modernización y eficiencia. En realidad, lo que ahí nació fue una élite judicial privilegiada, con sueldos millonarios, principescas pensiones vitalicias, nombramientos a modo y un muro de distancia frente a la ciudadanía.
Los hechos lo demuestran. En los años noventa, la Corte guardó silencio ante el Fobaproa, legitimando el rescate bancario que convirtió deudas privadas en una gigantesca deuda pública, que hasta hoy pagan millones de mexicanos. En 2002, cuando los pueblos indígenas exigieron el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés, la Corte les cerró las puertas con tecnicismos legales, negando su derecho a la autonomía.
En 2005, el “Máximo Tribunal de Justicia”, terminó por legitimar el desafuero del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Aunque el fallo fue dividido, fue suficiente para mostrar que la Corte no dudaba en acomodarse a los intereses de las cúpulas políticas y económicas, pues los ministros eran designados con el aval del presidente de la República en turno. Más tarde, en 2007, la validación de la Ley Televisa aseguró el duopolio mediático. En 2010, tras la tragedia de la Guardería ABC, con 49 niños muertos y más de 70 heridos, la Corte no responsabilizó a ninguna autoridad de alto nivel.
En 2019, frenó la Ley de Remuneraciones que buscaba limitar los sueldos de los altos funcionarios con la finalidad de dignificar el servicio público. Alejados de la realidad de millones de mexicanos, defendieron sus exorbitantes salarios superiores a los 600 mil pesos mensuales, junto con fideicomisos multimillonarios sin transparencia, y sus escandalosas pensiones multimillonarias. En 2023, bloqueó reformas clave votadas democráticamente, interfiriendo en funciones legislativas, como la Ley de la Industria Eléctrica y el Plan B electoral. Bajo el argumento de “defender la Constitución”, en realidad solo protegió intereses económicos y políticos de las élites nacionales e internacionales. Ejemplo de esto es el aplazamiento deliberado de una resolución definitiva para que un “empresario” siga sin pagar miles de millones en impuestos.
A pesar de esta larga noche, y gracias al poder soberano del pueblo, terminará la era de una Corte de privilegios; de nepotismo disfrazado de mérito; de corrupción encubierta en formalismos legales; de impunidad avalada con sentencias.
El fin de esta era abre la posibilidad de un nuevo comienzo. El reto es grande: construir un Poder Judicial que no sea ni ciego ni manco, sino claro, firme, eficaz y cercano a la gente. Un tribunal que no dependa de apellidos ni de los favores, sino de la honestidad y la capacidad. Porque sin justicia para todos, sin importar si eres pobre o rico, no habrá transformación verdadera.
Sobre esto, hablaremos en una segunda entrega.
Consejera jurídica de la Presidencia