La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es una institución indispensable para la Ciudad, es factor de gobernabilidad y de paz. El espíritu del proceso de ratificación de su titular para un periodo adicional es democrático y transparente, debe ser luminoso en un momento de transformación tan importante para el país.
La semana que pasó se llevó a cabo la sesión del Congreso de la Ciudad de México en la que debió concluir dicho proceso; sin embargo, este no concluyó, de hecho, quedó suspendido sin llegar a acuerdo alguno.
La institución no puede ser tomada como rehén de quienes se consideran por encima de la ley y que piensan que se hace política para regatear posiciones a fin de lograr impunidad.
Hace cuatro años, mi llegada a la Fiscalía se dio mediante un proceso democrático, avalado por el Congreso y la ciudadanía. De igual manera, para el proceso de ratificación cumplí puntualmente con todo lo señalado por la Constitución de la Ciudad de México y las leyes, y en cada parte de éste, fui bien calificada; sin embargo, una minoría se negó a reconocerlo.
Los órganos constitucionales en los que se sustenta el proceso también cumplieron. El Consejo Judicial Ciudadano actuó con profesionalismo y seriedad para realizar la evaluación de mi desempeño; lamento que el arduo trabajo que realizaron haya sido descalificado por esa minoría. Asimismo, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía cumplió con su parte y el jefe de Gobierno turnó al Congreso de manera inmediata su opinión razonada también favorable.
Ni ellos ni la ciudadanía que confió en nosotros, ni las víctimas, ni mis compañeros del equipo de trabajo, ni todas las personas que trabajan en la Fiscalía, merecemos estar a merced de chicanerías, intereses políticos y mezquindades que solo tienen por objeto proteger corrupción e impunidad.
Esta gran Ciudad no merece ser rehén de intereses de minorías rapaces que no aceptan que el servicio público no es para servirse de él, tomándolo como bandera para sacar beneficio personal, familiar y político, traicionando a la ciudadanía.
Por otra parte, hemos visto también y como nunca, la utilización de redes sociales para propagar mentiras con el objeto de mantener a salvo privilegios e intereses particulares.
Entender por qué la ratificación de una fiscalía local ha generado tanto interés de los dirigentes nacionales de los partidos del frente amplio por México y su precandidata presidencial, entre otros, pasa por observar cómo han usado este proceso para intentar ponerle precio a la justicia: votos en el Congreso por dinero, libertad de delincuentes y puestos en el próximo gobierno.
En entrevistas he afirmado que la justicia no es negociable y que, si eso costaba mi ratificación, así sería.
Lo que nunca imaginé es que las y los diputados de oposición, se escudaran en su minoría para desestimar la participación de miles de ciudadanos que confiaron que serían escuchados por quienes se ostentan como representantes populares.
Por lo pronto, en tanto que el Congreso se pone de acuerdo, seguiré como hasta hoy trabajando con profunda vocación por la justicia.
Cobijar la corrupción y la impunidad no es una opción.
Y como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba.
