Después de que fue rechazada la propuesta de reforma electoral en la Cámara de Diputados, ante la negativa de que se votara a favor no sólo de la oposición, sino incluso de los partidos aliados a Morena, desde Palacio Nacional se insiste en una reforma que ahora llaman Plan B.
La cuestión es que nuevamente no se incluye en esta propuesta de reforma constitucional el principal problema que Acción Nacional lleva años denunciando, que es el financiamiento del crimen organizado a las campañas políticas. Seguir permitiendo que la delincuencia quite y ponga candidatas y candidatos es un daño irreversible al Estado de Derecho. Y no es un señalamiento sin sustento, tenemos como ejemplo el caso más reciente el del alcalde de Tequila, Jalisco, un militante morenista que encabezaba toda una red de delincuencia y que al mismo tiempo presumía su cercanía con figuras importantes de Morena.
En este momento, para el partido oficial hablar de austeridad se comienza a convertir en un discurso completamente desgastado. Siguen con el mismo señalamiento de sueldos altos y una vez más lo mencionan, ahora sobre sueldos altos en el INE.
Pero se ha magnificado en medios el tema del recorte de gasto propuesto para los congresos locales y la disminución de síndicos y regidores en los cabildos municipales. ¿Estamos hablando de una reforma electoral o de una reforma administrativa?
Porque la narrativa oficial se ha dedicado a hablar de privilegios y gastos onerosos, pero no de mejorar los mecanismos de elección de las y los representantes populares. Estamos nuevamente ante una propuesta de reforma electoral que tiene más intenciones de control político que de mejorar los procesos electorales.
Lo pueden denominar Plan B o cómo quieran, pero todos sabemos que es una simulación porque de inicio cualquier reforma electoral debería de surgir de un consenso con todas las fuerzas políticas del país. Esa es la esencia de la democracia, dar espacio y cabida a todas las voces, estemos o no de acuerdo con sus posturas e ideologías.
Pero esta es la segunda propuesta y va en sentido contrario, como una imposición desde el poder olvidando, y traicionando, su origen político. Porque Morena no debería olvidar que fue oposición antes de ser gobierno. Se los decimos desde un partido que durante muchos años fue oposición y nunca cesó en su interés de mejorar la situación de nuestro país, lo que seguiremos haciendo siempre, nos escuchen en el gobierno o no nos escuchen.
Porque de algo podemos estar seguros, es que nadie en un país democrático puede decir que cuenta con el respaldo absoluto de la población. Y si alguien lo duda, hay que recordar que Morena ganó en el 2024 con el 54% de votos, lo que significa que el 46% de personas no creen ni apoyan su proyecto.
Podrán aprobar las leyes que quieran, sean Plan B o Plan Z, como quieran llamarle, pero deben tener presente que en todo el país hay millones que no votaron por Morena. Y que están viendo claramente cómo todas las propuestas que hacemos desde la oposición son rechazadas de manera permanente, porque ya se convirtieron en una corte que no acepta críticas y mucho menos propuestas, ni de la oposición y ya vimos que tampoco de sus aliados políticos.
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