Los argumentos que se expusieron en la tribuna del Senado para argumentar las razones por las que la mayoría de las y los senadores del PAN votamos en contra de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la ampliación del catálogo de delitos por los que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa, no fueron escuchados.
La mayoría de Morena y sus aliados no les interesó escuchar que Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo una declaración en la que expresó su preocupación por la reforma que estábamos discutiendo en México. Los argumentos de que es una violación a los derechos humanos fue un grito en el desierto para una mayoría que no escucha ni le importa la crítica.
Los delitos que se agregaron por supuesto que son de vital importancia para temas que nos preocupan a todos los mexicanos. Pero un tema que ha sido tan polémico en los años recientes debía haberse tratado de una manera integral, que incluso incluyera la revisión completa del catálogo de delitos para conocer los resultados que se han tenido de manera real en la práctica. Están enlistados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y hubiera sido de mayor utilidad entrar en ese debate.
Un dato que debemos considerar y que no se valoró en la discusión, es la situación en que se encuentra el sistema penitenciario de nuestro país. ¿Tiene la capacidad para seguir aumentando su población con medidas como la prisión preventiva? Sabemos que no. Como sabemos que la prisión preventiva es una medida que afecta de mayor manera a la población de escasos recursos.
Se deja en completa indefensión al ciudadano. ¿Qué garantías puede tener cualquier persona ante un juez que ordene en su contra la medida de prisión preventiva? Ninguna. Es en términos coloquiales una condena sin sentencia en donde se viola claramente la presunción de inocencia.
Y así vamos dirigiéndonos a un Estado totalitario, en donde el sistema judicial esta a punto de ser asaltado por la clase política del actual partido gobernante. Basta ver las listas de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Su militancia en el partido en el gobierno es pública, sin que eso los descalifique para participar en el proceso de elección actualmente en proceso. En esos jueces es en los que estará la decisión de dictar esta medida, con el riesgo que eso representa si se hace con alguna motivación de índole político.
El debate que se llevó a cabo en el Senado de la República no sensibilizó a los legisladores de Morena y sus aliados. La instrucción de aprobar la reforma sin moverle una coma la cumplieron al pie de la letra, sin importarles que estuvieran condenando a las y los mexicanos a estar expuestos a una medida que como fue aprobada sabemos que no acaba con la delincuencia.
Sigamos con el debate, con las propuestas y con los argumentos, porque sólo con la fuerza de la razón es como estaremos alzando la voz para señalar lo que consideramos que afecta a las y los mexicanos, y con más razón en un tema donde la libertad de las personas se decidió por decreto aprobado por la mayoría oficialista.
Senador de la República y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN
