La aprobación de la Ley de Amparo en el Senado de la República por la mayoría del partido en el poder representa un claro signo de retroceso en la defensa de los derechos de los ciudadanos, con lo que Morena busca limitar las libertades alcanzadas en nuestro país. Utilizando su mayoría, con 76 votos a favor y 39 en contra, aprobaron esta nueva Ley, que modifica sustancialmente un instrumento jurídico creado en México en el siglo 19 y que ha servido de defensa ante abusos de autoridad.
Pero su votación por parte de Morena evidenció algo que ha sido comentado ampliamente las últimas semanas, la división interna que existe en el oficialismo y que es una realidad. Envueltos en el poder que da tener la mayoría en la cámara alta, decidieron incluir un artículo transitorio de retroactividad, algo prohibido en la Constitución porque ninguna ley puede ser retroactiva. Como se señaló en el debate previo, era a todas luces una reforma inconstitucional.
Ese artículo transitorio no sólo reveló el desconocimiento que tienen los senadores de Morena en materia de leyes, sino que evidenció la fractura que existe a un año de ejercicio en el gobierno. Ante tal despropósito, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente y expresó su desacuerdo en que hayan aprobado la retroactividad, por lo que exigió respeto para la Carta Magna.
Pero al margen de esta corrección que se realizará en la Cámara de Diputados, lo que sin duda también es importante es la reforma en su conjunto y sus efectos, porque se trata de una reforma regresiva que debilita derechos.
Así que ahora seremos testigos de cómo los diputados le tendrán que corregir el trabajo legislativo a los senadores, lo que redundará más en la división política entre ellos.
Mucho se debatió desde la oposición sobre la importancia de mantener la ley como estaba, sobre todo porque estamos hablando de que habrá muchos afectados. Aunque se presenta con la justificación de agilizar procesos judiciales, la realidad es que las modificaciones aprobadas debilitan el juicio de amparo como el principal mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al poder público.
Lo que va a ocurrir es que muchas personas, físicas y morales se verán afectadas, con consecuencias que pueden tener impacto en la actividad económica del país, en la confianza de los inversionistas y en la operación cotidiana de empresas e industrias.
Esta situación puede incluso ir en detrimento de la seguridad de las inversiones, lo que se debió analizar de cara a la revisión del T-MEC.
Porque de nada servirá todo el esfuerzo que se haga en las reuniones y negociaciones con los Estados Unidos y Canadá, cuando no se va a contar con un factor tan importante como es la certeza jurídica de las inversiones.
Como oposición responsable, pero sobre todo comprometida con las y los mexicanos, en Acción Nacional seguiremos alzando la voz desde el Senado de la República para defender a la población. No podemos ni debemos dejar de visibilizar este tipo de situaciones, que son completos abusos de poder que nos dejan al contentillo de una mayoría que no termina de entender que gobiernan para todos los mexicanos, no sólo para sus militantes.
Senador de la República y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN