Parece que no fue suficiente la invitación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios en el Congreso de la CDMX, incluido el Partido Verde Ecologista de México, con la idea de limar asperezas luego de que los Verdes se quejaron de que no los escuchan ni en el Gobierno ni en Morena. Los dirigentes apretaron y primero lanzaron su iniciativa de Guardianes, que es una estructura para recoger peticiones ciudadanas ante la falta de servicios. Si bien Jesús Sesma, secretario general del PVEM, dijo que la medida no es para confrontarse ni con el Gobierno ni con las alcaldías, sino para escuchar a los habitantes. Y lo otro es que ya tienen candidato a la Jefatura de Gobierno en 2030 y es el propio Sesma. Todo esto suena más a que la dirigencia sigue apretando a los morenistas en la capital del país porque los han ninguneado.
¿Habrá consultas de revocación de mandato?
Nos platican que el fin de semana, el pleno del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que preside Patricia Avendaño, fijó los lineamientos para que los ciudadanos soliciten la consulta de revocación de mandato de diputados, concejales y alcaldes. Entre los puntos está que, en cada petición, debe reunirse 10% del listado nominal, y debe ingresarse antes del ¡8 de mayo! Así que si a usted le interesa, pues debe meterle velocidad. En tanto, nos recuerdan que para que el ejercicio sea vinculante debe participar 40% del listado nominal y, de ellas, si 60% se pronuncia a favor de la revocación del mandato, procede. ¿Alguien estará enterado?
Piden claridad en el esquema financiero
Nos dicen que el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, pidió que se analice la decisión del gobierno federal de adquirir el entonces Tren Suburbano, cuya primera etapa va de Buenavista a Lechería y ahora se extendió al AIFA, a través de Banobras por 5 mil 999 millones de pesos. El panista indicó que debe revisarse la rentabilidad social y económica de este tipo de operaciones, sobre todo porque el proyecto ha requerido reestructura de deuda y ajustes contractuales.