Tal parece que el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton, marcó el camino, con la intención de alcanzar la meta de reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la CDMX, y ha definido, al menos, dos instrumentos financieros. El primero fue la instauración del impuesto ecológico, que es cobrar a las empresas 58 pesos mensualmente por cada tonelada de contaminante que generan. Y el segundo, que quedó establecido en el informe de avance trimestral enero-marzo 2025 que la SAF entregó al Congreso capitalino, es retomar la emisión de bonos temáticos, en este caso, verdes, para fortalecer las inversiones en proyectos sustentables. Esta última se había aplicado en gestiones anteriores, pero don Juan Pablo la retomará para este año.
Los nuevos fiscales, con marca de la casa
Nos dicen que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, que lidera el morenista Alberto Martínez Urincho, avanzó y designó a los nuevos titulares de las fiscalías anticorrupción y de delitos electorales. El detalle, nos hacen ver, es que los elegidos, cuyo nombramiento debe ser avalado por el pleno, tienen marca de casa. El próximo titular para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Daniel Osorio, actualmente es el coordinador de agentes del Ministerio Público Auxiliares del fiscal, y quien encabezará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, José Gerardo Huerta Alcalá, es el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la institución. Así como se dice, se rotaron de puestos y todo quedó en familia.
Transparencia, a prueba en Edomex
La transparencia en el Estado de México se encuentra en un momento decisivo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Francisco Vázquez Rodríguez, fijó el 20 de junio como plazo límite para concretar las leyes secundarias en esta materia, una fecha clave que determinará el rumbo del Instituto de Transparencia (Infoem). No se trata sólo de una actualización normativa, nos aseveran, sino de una oportunidad para consolidar, o transformar radicalmente, una institución que ha sido cuestionada en diversas ocasiones por su escasa vinculación con la ciudadanía y su limitada capacidad de sanción. La labor legislativa no puede limitarse a un trámite burocrático, debe dar lugar a una reforma de fondo que garantice autonomía, fortalecimiento institucional y mecanismos reales de acceso a la información.