La educación es esencial para el desarrollo social y económico de un país, pues invertir en capital humano constituye una de las estrategias más efectivas para reducir desigualdades y acercar a los países en desarrollo al nivel de las economías industrializadas. Mundialmente, se reconoce que la inversión educativa ofrece las tasas de retorno social y económico más altas. Fortalecer la educación superior en los países en desarrollo no es una opción; es una condición sine qua non para romper ciclos de pobreza, competir globalmente y construir sociedades más justas y productivas.
Por su parte, la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D) son los pilares para que un país pueda aspirar a lograr un crecimiento económico sostenido, una soberanía tecnológica y un bienestar social. Su importancia se refleja en mayor productividad, competitividad, empleos de calidad, capacidad sanitaria, seguridad nacional y desarrollo educativo. Los países que más invierten en I+D –como China, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania– son los que muestran mayores niveles de productividad y crecimiento económico. La I+D permite diseñar y manufacturar tecnología nacional; desarrollar patentes; proteger sectores estratégicos como energía, salud, comunicaciones o defensa; y participar en cadenas de valor globales. También permite mejorar la calidad de vida: mejores tratamientos médicos, energías más limpias, ciudades más seguras y sistemas de transporte más rápidos y eficientes.
En México, sin embargo, la prioridad presupuestal ha virado desde 2018 hacia programas sociales y la reconfiguración institucional, mientras que el financiamiento a las universidades públicas y a la I+D ha sufrido recortes y reestructuras preocupantes. Desde la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se registraron reducciones significativas tanto en educación superior como en I+D. En 2019 se reportó un recorte cercano al 5.7 % en el subsidio federal ordinario para las principales instituciones de educación superior: la UNAM perdió alrededor de 1,023 millones de pesos, la UAM 290 millones y el IPN 274 millones. Además, los fondos extraordinarios para innovación, becas de postgrado y mejora de infraestructura también se redujeron o eliminaron por completo. Si bien el gasto educativo total en México se ha mantenido estable en los últimos siete años, el gasto por alumno en educación superior ha decrecido considerablemente: de 78 mil 700 pesos anuales en 2018 a 46 mil pesos en 2024, lo que significa una reducción cercana al 42%. En este contexto, la matrícula del sector privado en tres décadas ha crecido proporcionalmente el triple que las instituciones públicas, por lo que ahora atiende cerca del 40%, comparado con el 30% que atendía al inicio de la administración de AMLO.
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Por su parte, en 2019 se reportó un recorte cercano al 13.6% en el rubro de I+D en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un síntoma temprano de una política que privilegiaría otras partidas. Entre 2018 y 2020 el presupuesto del CONACYT sufrió reducciones importantes —por más de mil millones de pesos en algunos ejercicios— y se eliminó un conjunto de fideicomisos que financiaban infraestructura, fondos sectoriales y proyectos de largo aliento, afectando la continuidad de líneas de investigación. Las cifras más recientes muestran un panorama todavía más grave: para 2025 el gasto en I+D se estima en apenas 0.16% del PIB, 40% más bajo que el destinado en 2015 (0.26%), y muy por debajo del mínimo recomendado internacionalmente (1%). El presupuesto de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de 2025 fue de 33 mil millones de pesos, un recorte de 3.7% respecto a 2024 y de 36.3% menor al de 2015. Como lo afirma Karolina Gilas (Proceso, octubre, 2025) “…el resultado es frustrante: un país con capacidad de producir ciencia de vanguardia … atrapado en la inercia de gobiernos que ven el conocimiento como gasto prescindible o … no prioritario. Mientras que China convierte a la ciencia en pilar de su estrategia global, México la relega a un plano secundario”.
En síntesis, la educación superior y la I+D deben ser vistas como inversiones a largo plazo que forjan la competitividad, la salud pública y la resiliencia democrática de un país. En México, sin embargo, la prioridad presupuestal ha virado desde 2018 hacia programas sociales como becas y otros programas destinados a incrementar la cobertura en educación superior. Pero el énfasis en apoyos sociales no sustituye los incentivos estructurales que se requieren para laboratorios, formación de posgrado, infraestructura y vinculación con el sector productivo. La desinversión de los últimos siete años en universidades públicas y en I+D muestra ya efectos preocupantes, que no apuntan a una República científica y humanista, que pregona tanto el gobierno actual.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C.
@EduardoBackhoff