A dos semanas de que se efectúe la elección de juzgadores la revista The Economist vuelve a la carga contra ella y denuncia el “estrangulamiento” del Estado de Derecho retomando argumentos de otro artículo que publicó en agosto de 2024 en el cual predijo fallidamente una inmediata catástrofe si se aprobaba la elección judicial. El sesgado trabajo periodístico en ambos casos, no tuvo el cuidado de analizar el alto grado de partidización que se observaba en el Poder Judicial mexicano y su papel de fuerza decididamente opositora a las reformas promovidas por el gobierno, basadas en un amplísimo apoyo electoral a su favor, las cuales eran derribadas una a una sistemáticamente con interpretaciones constitucionales truculentas que en algunos casos incluso pretendían dejar de aplicar preceptos expresos de la Constitución.
En la publicación de agosto, solo en una línea se menciona que los juzgadores habían declarado una huelga, pero nada se decía de la plena ilicitud de esa conducta realizada en desafío de una reforma constitucional que tenían el deber de aplicar, en lugar de desobedecerla. Es curioso que, en cambio, en su edición de 9 de mayo de 2024 dedicaran un artículo completo al enfrentamiento político entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en Estados Unidos indicando que ello erosiona la confiabilidad de los juzgadores.
En el caso mexicano nunca se hizo mención del abierto desafío que públicamente planteó al Presidente de la Republica la presidenta de la Corte quien participó en marchas callejeras arengando ilegalmente contra una reforma constitucional en proceso de aprobación que se pretendió interrumpir al penetrar integrantes del Poder Judicial por la fuerza, en una actitud francamente golpista, al recinto donde sesionaba el Senado de la República. Ese “estrangulamiento” del Estado de Derecho nunca fue reseñado por la revista tan celosa de la pureza del trabajo jurisdiccional.
La aplicación del proceso electoral se decidió con base en un amplio consenso surgido de las urnas. La campaña de la candidata ganadora se basaba en lograr el apoyo suficiente para introducir la elección popular de los juzgadores. No se entiende cómo un órgano periodístico comprometido con la democracia puede estar en contra de la elección popular de servidores públicos. En su publicación se reconoce que hay países donde se acude a esta práctica, como en los Estados Unidos.
Le revista enfatiza el supuesto propósito del partido gobernante de usar la elección para controlar al Poder Judicial. Ese argumento cae por su base, pues si esa fuese la intención, el sistema de nombramiento anterior le hubiera permitido fácilmente determinar la selección de los juzgadores en todos los niveles. También alerta sobre una posible influencia del crimen organizado en la elección. Tal peligro desgraciadamente está presente en la vida política mexicana pero no se vincula con la manera de designar a los jueces. Esa posibilidad disminuirá en la medida en que siga teniendo éxito la política de combate al narcotráfico, que el propio artículo estima está dando mejores resultados.
México está apostando a la profundización de la democracia y probablemente sirva de ejemplo para otros países que quisieran mejorar las condiciones de su Poder Judicial y evitar los enfrentamientos políticos entre Poderes.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro.
@DEduardoAndrade
