Se inició ayer una nueva época de la Suprema Corte que esperamos sea promisoria y ubique al Judicial en el papel que le corresponde dentro del ejercicio de la autoridad pública como parte de los tres Poderes de la Nación. Por desgracia, la que concluyó quedó marcada para siempre por lo ocurrido los últimos años. Desde el punto de vista institucional la Corte fracasó al dejar de cumplir su función, que no es la de servir de contrapeso político como se afirma erróneamente, sino la de asegurar que el Derecho contribuya a la estabilidad constitucional y al beneficio popular como lo ordena la Norma Suprema: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Eso fue lo que sucedió: el Constituyente Permanente ejecutó la voluntad popular expresada en las urnas y modificó la manera de conformar el Poder Judicial.
¿Cuál será el resultado de ese cambio radical? Lo sabremos a partir de hoy. La nueva Corte surge con el compromiso de interpretar el Derecho con un enfoque ideológico-jurídico favorable al beneficio general más que a los intereses privados individualistas; de que sus decisiones fortalecerán la rectoría económica del Estado; que su criterio jurídico mantendrá sobre todas las cosas la Supremacía Constitucional y que hará valer el interés nacionalista sobre las posiciones que pretenden someter el contenido de nuestra Carta Magna a dictados de organismos internacionales. En el cumplimiento de esta misión la prueba de fuego consistirá en que no ceda a la tentación de sustituir a los otros poderes pretendiendo legislar o dictar políticas públicas, y como Ulises, se ate firmemente a un mástil: el de la aplicación estricta de la ley y la Constitución, ignorando el canto de las sirenas que promueven el litigio estratégico, propugnan el activismo judicial y enarbolan las teorías neoconstitucionales.
Se necesita una Corte que se oriente por alcanzar la justicia aplicando el Derecho, porque cuando los jueces buscan aquella fuera del cauce de la norma jurídica, sustituyen al Estado de Derecho, por el Estado de Capricho. Debilitan a la vez al Derecho y a la Justicia al entronizar la inseguridad jurídica. El juzgador no puede actuar al impulso de los latidos de su corazón, sino guiado por la mente que analiza la norma jurídica para encontrar la solución que haga justicia en favor de quien esté más requerido de ella. Quien aplica el Derecho no está autorizado a dinamitar las reglas que no le gustan para poner en su lugar principios con base en los cuales se haga su voluntad en lugar de la que el Constituyente o el legislador plasmaron en las normas.
Si la nueva Corte no se desborda queriendo hacer más de lo que la Norma Suprema le asigna como función; si cumple con puntualidad la tarea de resolver conflictos aplicando la ley; si no se entromete en los procesos legislativos; si no pretende desplazar a la administración pública; si mantiene su independencia sin admitir injerencias en las resoluciones de cada caso concreto, pero respetando la independencia de los otros poderes; si rechaza con entereza el propósito infundado de tribunales internacionales de dictar lo que nuestra Constitución debe decir, la época que ahora inaugura la Corte será luminosa. El bien de México así lo exige.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro. @DEduardoAndrade
