El domingo pasado dieron inicio las campañas de los candidatos a los puestos que habrán de renovar gran parte del Poder Judicial de nuestro país. Proceso inédito del cual deberá surgir una nueva manera de impartir justicia que revierta la percepción generalizada de que los tribunales se han apartado del cumplimiento adecuado de esa función pública esencial. Sus desviaciones se acentuaron cuando muchos juzgadores decidieron actuar políticamente como fuerza opositora a las decisiones legislativas y ejecutivas. La contienda electoral busca que la democracia se extienda a la creación de un Poder que corrija esas desviaciones, cuya legitimidad se sustentará en el voto ciudadano.
El avance de esta primera experiencia nos indica que existen áreas de oportunidad que deberán ser atendidas para introducir ajustes al proceso electoral que lo perfeccionen para 2027. Sería conveniente reducir el número de candidatos, de modo que cada Poder proponga solo uno al que se seleccione en función de su capacidad demostrada en comparecencias públicas que le den más transparencia al procedimiento y se elimine la tómbola que fue un aspecto muy criticado por la opinión pública. También habría que pensar en ampliar el tiempo en que puedan promoverse libremente los aspirantes, incluso desde que se inscriben para participar. En los hechos esto ha ocurrido, pero quienes realizaban legalmente acciones tendientes a fortalecer su presencia frente la ciudadanía en ejercicio de la libertad de expresión, tenían que cuidarse de no manifestar explícitamente su intención de convertirse en candidatos. Esta restricción genera problemas innecesarios y es contraria a la realidad, por lo que sería preferible eliminarla.
Hay tiempo para que en 2027 se construya un mecanismo que haga efectiva la disposición constitucional de que los candidatos tengan acceso a la radio y a la televisión; lo cual en esta elección fue imposible de implementar. Ampliar el tiempo de campaña puede ayudar a ese fin, así como distribuir la promoción de modo que se usen los medios locales para asignar en ellos tiempos a los candidatos a jueces y magistrados, y en los nacionales para ministros y otros magistrados cuya función abarca todo el país.
Entre otros ajustes habría que considerar incluir en la legislación aspectos contenidos en los criterios emitidos por el INE para garantizar la equidad en la contienda. Por ejemplo, la clara prohibición a los ministros de cultos religiosos de hacer proselitismo en favor o en contra de candidatos e incluso de promover el voto de una manera supuestamente neutra. Es importante que la Secretaría de Gobernación haga cumplir estas disposiciones para que el clero respete los límites que le impone la Constitución. Resulta interesante que se impida también a las instituciones públicas promover la participación en esta elección. Este aspecto debería reconsiderarse.
Conviene asimismo analizar nuevas opciones para el diseño de las boletas, entre ellas, el que sean de mayor tamaño como en otros países e incluso recurrir a una urna electrónica que en una pantalla le presente las opciones al votante.
En fin, la innovación abre enormes expectativas positivas para la impartición de justicia, y su primera aplicación, como toda incursión en territorios por explorar, habrá de revelarnos las áreas a mejorar.
Investigador de El Colegio de Veracruz y magistrado en retiro. @DEduardoAndrade
