La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que preside Guillermo Rosales, insiste en que todas las automotrices presenten sus números de ventas al Inegi, pues no hacerlo distorsiona los datos en el mercado nacional. Calcula que si las chinas BYD, Geely, GAC, Chirey, Omoda y Zeekr, más la estadounidense Tesla, dieran a conocer sus resultados, la colocación de coches nuevos hubiera crecido 4.5% el mes pasado, en vez de 0.3%, como se reportó oficialmente. Ante esto, nos cuentan que la industria está presionando a la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, para que emita una norma o instrumento oficial que obligue a las empresas a transparentar las cifras al instituto que preside Graciela Márquez. De lo contrario, nos dicen, solo queda estimar la comercialización por el emplacamiento, pero el Repuve tampoco opera óptimamente.
AFAC, con cifras de hace dos años
Hablando de transparencia, nos recuerdan que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que el 1 de octubre comenzó a dirigir el general Emilio Avendaño, lleva tiempo sin resolver varios problemas, como la escasez de personal y presupuesto, así como los retrasos que padecen los empleados de las aerolíneas en la aprobación de los exámenes, a través de Medicina de Aviación, que requieren para la renovación de sus licencias de pilotos y sobrecargos, con el fin de seguir prestando sus servicios. Por si no fuera suficiente, nos platican que el portal de la AFAC dejó de reportar las estadísticas de puntualidad y cancelaciones relacionadas al tráfico de pasajeros desde hace un par de años.
Narcopistas toman altura
A propósito, nos comentan que la autoridad mexicana ha encontrado 137 pistas aéreas clandestinas entre 2019 y agosto pasado, aptas para aterrizajes y despegues de aviones de baja envergadura y que son aprovechadas por el narcotráfico. Nos explican que las instalaciones se convirtieron en un problema de seguridad nacional que ya atienden las fuerzas armadas. La Secretaría de la Defensa Nacional, del general Ricardo Trevilla, localizó la mayoría en Baja California, Sonora y Sinaloa, es decir, en el famoso triángulo dorado vinculado con el fentanilo y el tráfico de armas.