En la semana que termina se puso de manifiesto la creatividad que nos caracteriza a los mexicanos, así como la capacidad de burlarnos de todo, incluso de lo que es políticamente incorrecto. El tristemente célebre caso de la adulta mayor que disparó a sangre fría y asesinó a dos personas por la presunta ocupación ilegal de una vivienda llegó a primeras planas de algunos medios de circulación nacional y se convirtió en tema viral en redes sociales. Hay posturas encontradas: aquellos que la ven como una heroína y quienes la ven como villana. Pocos ven, sin embargo, que esto no es mas que un reflejo del lamentable estado en que se encuentra nuestro sistema de administración de justicia, este hecho sólo recorre el velo que nos permite ver una manifestación más de nuestro subdesarrollo.
Aclaro que no soy abogado ni tengo formación jurídica. Corro el riesgo de emitir opiniones sin fundamento por tratarse de un campo fuera de mi especialidad. Pero desde la Economía consideramos el contexto jurídico como fundamental para que los procesos económicos tengan lugar y esto genere crecimiento y desarrollo económicos. Esta es, en todo caso, mi perspectiva: la de un economista opinando sobre temas jurídicos.
Lo que se ventila en prensa y redes sociales es que la Sra. Carlota acudió a una vivienda presuntamente de su propiedad, que al parecer había sido invadida por “paracaidistas” que, a la mala, la querían despojar del inmueble. Ante la lentitud de las autoridades para resolver el problema, la Sra. Carlota acudió al domicilio y disparó a dos personas para recuperar lo que, presuntamente, es de ella.
Quienes ocupaban la vivienda sostienen que tenían contrato de arrendamiento. De ser cierto, falta revisar que dicho contrato hubiese sido emitido y firmado por el legítimo propietario del inmueble.
En redes sociales se especula que se trata de una ocupación ilegal auspiciada por un grupo de delincuentes que se dedican precisamente a eso: a ocupar inmuebles y apoderarse de ellos por la fuerza. Un claro delito. Sin embargo, la Sra. Carlota pretendió resolver un robo de vivienda o despojo a través de otro delito, pero peor: asesinato a sangre fría.
De manera gruesa esos fueron los hechos o lo que se especula al respecto. Es difícil determinar si alguna de las partes era realmente inocente. Sin embargo, en la historia hay notorias ausencias: el proceso judicial, los jueces, los ministerios públicos. Estos vacíos se llenaron haciéndose justicia por mano propia, con un concepto torcido de lo que es la justicia.
La administración de justicia es un gran pendiente de nuestro país. Para nadie es un secreto que no vale la pena ir a tribunales a intentar recuperar el importe de una factura, pues el tiempo y dinero invertidos son tan altos, que el monto de dicha factura debe ser muy elevado para intentar recuperar el importe del bien o servicio vendido y no cobrado. Esto por poner un ejemplo mercantil.
Pero eso es válido para cualquier proceso jurídico: revise los tiempos, procesos, costos y desgaste personal y familiar por intentar resolver cualquier problema que implique llegar a juzgados. Supuestamente la administración de justicia es gratis en nuestro país, pero los que hemos tenido la tragedia de pasar por un proceso legal, sabemos que no es así: desde los honorarios de los abogados, pasando por las “copias” de expedientes y “gratificaciones” a secretarios y archivistas, o eso dicen los abogados, suman cantidades que en no pocas ocasiones hacen prohibitivo el acceso a la justicia para el grueso de la población.
El caso de la Sra. Carlota debe servir para que el sistema de administración de justicia se mire a sí mismo con ojos críticos. La verdadera falla es de este sistema. De operar en niveles decorosos no habría ni invasores de viviendas ni desalojos por armas de fuego.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM
