Los problemas pendientes de solución en este país son muchos. Salud, seguridad, educación, recursos hídricos, empleo informal, entre muchos otros son apenas ejemplos de lo que no hemos logrado resolver. Probablemente un tema que se resolvió, o está en proceso y con resultados sólidos y palpables, es el de la recuperación salarial: los indicadores tanto del INEGI como del IMSS muestran que durante los últimos seis años se ha tenido una auténtica recuperación del poder de compra de los trabajadores con un impacto, por ahora, mínimo en la inflación. No es poca cosa, al igual que tampoco lo es el haber logrado tasas de inflación inferiores a dos dígitos. Pero sigue habiendo problemas no resueltos. Si en la presente administración se logra avanzar en el combate a la corrupción y la inseguridad pública, otros problemas por sí mismos se irán resolviendo.
Recientemente ha estado en primeras planas la noticia sobre vinculación con el crimen organizado y personal cercano al anterior Secretario de Gobernación. Indiscutiblemente un tema de corrupción e inseguridad. La oposición inmediatamente ha levantado la voz para denunciar lo que se antoja como un acto de complicidad o de encubrimiento. Lastimosamente este evento no es nada nuevo. Desde el milenio pasado, cuando la prensa empezó a tener libertad para publicar noticias incómodas para el Gobierno en turno, se empezó a denunciar por dicho medio actos de corrupción y vinculación con organizaciones criminales a diferentes funcionarios públicos. Pareciera una obra de teatro que cambia de actores, pero es la misma historia. Aquí en definitiva no importa el color del partido en el poder: todos han demostrado tener cola que les pisen.
Desde por lo menos la década de los ochenta el problema de corrupción de las fuerzas armadas, en particular de los diferentes cuerpos policiacos, ha estado todo el tiempo presente. Es como un cáncer que no se logra eliminar. Definitivamente el problema tampoco es nuevo, lo dramático del tema es que pareciera que no importa el color del partido en el poder, las organizaciones criminales siguen floreciendo y haciendo de las suyas. En definitiva, es un problema que no se ha resuelto en décadas y que tiene un impacto en las actividades económicas por no crear condiciones que permitan que las empresas se puedan crear, mantenerse y, con ello, generar empleos.
La corrupción tiene diversas formas. Es difícil, si no es que imposible, cuantificar su costo económico preciso. De hecho, en ocasiones pareciera que las cosas están hechas para entorpecer trámites y procedimientos y con ello generar incentivos para ofrecer “propinas” a funcionarios de ventillas para que hagan su trabajo. Estos pagos agilizan trámites y procesos, en cuyo caso, dado el contexto legal hacen más barato y rápido el cohecho que seguir el procedimiento legal o administrativo. El propio marco normativo en no pocas ocasiones crea la circunstancia de la corrupción. Cuando agiliza procesos, en realidad podría estar fomentado el crecimiento económico, por lo que no es tan simple decir que la corrupción sólo tiene costos: también podría presentar algunas ventajas.
Corrupción y seguridad son temas que han estado en primeras planas y al parecer la actual administración tiene un interés auténtico para resolver al menos el problema de la inseguridad. No se podrá lograr si simultáneamente no se limpia al poder judicial y se reduce la corrupción. Si esto se logra durante el actual sexenio, en poco tiempo se podrá festejar con bombo y platillo que se redujo o resolvió un problema importante. El sexenio pasado fue el de la recuperación salarial, este podría ser el del combate a la corrupción e inseguridad. Lo sabremos al final de mandato.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM