Para nadie es un secreto que, durante el periodo neoliberal en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo marcada por tremendos excesos, que no solo versaron sobre sus decisiones judiciales, sino también sobre los favores personales y privilegios de sus ministras y ministros. La indignación del pueblo de México sigue estando sobradamente justificada, ya que para que estos servidores públicos pudieran disfrutar de esos beneficios, se necesitaba erogar dinero de todos los ciudadanos. Además, esto contrasta notablemente con la imagen de lo que debió ser un supremo poder judicial: imparcial y dedicado al servicio público.
En días recientes, durante la conferencia marañera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se dieron datos duros sobre el uso de recursos y prebendas que recibían las ministras y ministros del viejo régimen comandados por Norma Piña. Es escandaloso y de análisis que, sueldos altísimos y prestaciones que percibían contratados con las percepciones que recibe la media del país, junto con privilegios adicionales como vehículos de lujo, escoltas, y viajes, curiosamente no se convirtieran en repudio de la prensa o de la comentocracia. Muchas veces estos beneficios se justificaban bajo el argumento de que era necesario mantener la seguridad y dignidad de sus funciones, sin embargo, para la gran mayoría del pueblo de México era evidente la desconexión que había entre el nivel de vida de las y los ministros y la realidad que enfrentaba la ciudadanía común.
Si ya de por sí su sobrevalorado trabajo les permitía un pago de casi $300 mil pesos mensuales, las prebendas eran aún más escandalosas, la antigua Corte les deba casi un millón de pesos en prestaciones a las ministras y ministros. Además:
- $1, 917, 000 mil pesos en medicinas tanto a los activos, como a los que estaban en retiro.
-$ 5, 341,000 mil pesos en alimentos.
-$2,377,000 mil pesos en becas.
-Seguro de gastos médicos mayores que equivalía a $36,906 por cada ministra y ministro.
- Seguro de separación individualizado: $523,314
- Prima vacacional de $95,475
-Aguinaldo de $585,505
-Seguro de vida institucional de $37,808
-Estimulo por antigüedad de $42,681
Lo anterior, entre muchos otros beneficios que les daba el solo hecho de ser una casta judicial, claro que las consecuencias de este estilo de vida opulento se reflejaron en el estado de ánimo de la sociedad. Mientras los ministros disfrutaban de privilegios, numerosos ciudadanos se convertían en víctimas de un sistema judicial que no les representaba, en el que no se reconocían y que no defendía sus derechos. Esta realidad, de que la SCJN priorizaba la protección de las élites económicas y sus intereses financieros (su propio bolsillo), en lugar de cumplir con su deber de justicia y equidad, generó un clamor social por erradicar estas prácticas dentro de la SCJN y propiciar ahí una transformación profunda.
Al día de hoy, consumado el plan C, la llegada de la nueva Corte ha aplicado varias medidas de austeridad, por lo que los sueldos bajaron de $297,403,77 a $134,310.35, se han cancelado los gastos médicos y los ridículos más de 59 apoyos que recibían consistentes en, por mencionar solo algunos: mantenimiento de jardín en sus casas, citas en bancos, mudanza, recuperación de claves, compra de flores, préstamos de autos a familiares, servicios de meseros y hasta servicio de lavandería. La transformación sigue y la tremenda corte del viejo régimen no volverá.