La tragedia del feminicidio de Montserrat Bendimes, en Veracruz, despertó una indignación legítima y una demanda urgente de justicia. De ese dolor nació la Ley Monse, una reforma que elimina la excusa absolutoria para familiares en casos de feminicidio y otros delitos graves. Si bien comparto la urgencia de desmantelar las redes de encubrimiento que protegen a los agresores, creo que esta reforma resulta populista e ignora la compleja realidad de la violencia de género, pudiendo llegar a afectar de forma desproporcionada a las mujeres.

Desde que me convertí en mamá, pienso que no hay nada que no haría por mi hijo y no puedo imaginar un escenario en el que no intentaría protegerlo a toda costa. Me atrevería a afirmar que la mayoría de las mamás sentimos lo mismo, y es que el vínculo que nos une a nuestros hijos es tan fuerte, que la propia ley lo reconoce. Mientras que encubrir a una persona acusada de un delito, conlleva una sanción penal, esta no aplica en caso de existir un vínculo familiar o afectivo con la persona imputada. Esto, pues se entiende que no se puede obligar a una persona, bajo pena de prisión, a actuar en contra de un hijo o pareja, dejar de auxiliarlo, entregarlo, o declarar en su contra.

Al menos esto era así, hasta antes de la Ley Monse, pues esta elimina la posibilidad de darle siquiera el beneficio de la duda al acusado (pudiendo ser este tu hijo o pareja), bajo la amenaza de ser sancionados penalmente por cualquier acto de auxilio. Si bien pareciera que esto es un logro que contribuye a reducir la impunidad en casos de feminicidio, la realidad es que no lo es.

Esta ley me parece sumamente problemática, en primer lugar, por un tema humano. No me atrevería a juzgar a una madre que hiciera todo lo que está en sus manos por proteger a su hijo, más aún si esto sucede en la etapa de investigación donde la persona está apenas siendo acusada, no se han desahogado las pruebas en su contra, no se le ha escuchado en juicio y no ha sido siquiera sentenciada. Me cuesta mucho trabajo pensar que en esta etapa se le obligue a una madre a actuar en contra de su hijo de quien no le consta -o no se ha demostrado- que sea culpable.

Pero imaginemos que ya está comprobado y que hay evidencia fehaciente de que esta persona sí es el agresor y que se le está investigando por un feminicidio que sí cometió. Aun así, me sigue resultando preocupante pues esta reforma terminará castigando a quienes seguramente también son víctimas: las mujeres de la familia del agresor. Al obligar a la denuncia o la no-asistencia de esta persona, la ley solo refleja que ignora por completo las dinámicas de poder en este tipo de delitos. ¿Qué sucede cuando la madre o la pareja del agresor también son víctimas y están sometidas al agresor por miedo de lo que les pueda pasar? En entornos de violencia extrema, las mujeres no tienen la libertad para negarse a cooperar con el encubrimiento. Al criminalizar su ayuda, la reforma podría estar castigando a mujeres que no son cómplices por maldad, sino porque son víctimas forzadas a la obediencia. Simplemente, no es justo que las mujeres deban pagar por los crímenes cometidos por los hombres de su familia. Peor aún, si estas mujeres son víctimas de dichos hombres.

Legislar con verdadera perspectiva de género requiere ver el contexto completo, no solo buscar soluciones que parecen rápidas. La Ley Monse corre el riesgo de ser una reforma que -supuestamente- ataca las consecuencias, pero no las causas fundamentales de la impunidad y el feminicidio. El problema de fondo en México radica en la impunidad sistémica, la negligencia y falta de capacitación en las fiscalías, y la misoginia que vivimos en este país. En lugar de simplificar el problema y potencialmente encarcelar a mujeres vulnerables, el esfuerzo legislativo debería centrarse en fortalecer a las instituciones para que cumplan con su deber de investigar con perspectiva de género y sancionar a los culpables. La Ley Monse es una respuesta emocional, pero para lograr una justicia real necesitamos reformas que desmantelen el sistema de impunidad, y no leyes que terminen creando nuevas víctimas colaterales en el proceso.

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