La economía mexicana arranca 2026 bajo la sombra de un prolongado estancamiento. Según múltiples análisis recientes, se proyecta un crecimiento del PIB en torno a apenas un punto porcentual, insuficiente para mejorar el nivel de vida medio de los mexicanos. Esta debilidad estructural se agrava con presiones inflacionarias que reducen el poder adquisitivo de las familias y con restricciones fiscales que limitan la inversión pública.
En paralelo, el entorno global añade incertidumbre: tensiones comerciales y geopolíticas amenazan nuestras exportaciones y el clima de negocios.
Frente a este panorama, México debe replantear con urgencia su ruta de desarrollo; es indispensable un debate amplio sobre las acciones prioritarias para recuperar el dinamismo económico sin descuidar la estabilidad.
Crecimiento económico y empleo
La larga pausa en el crecimiento económico tiene un origen estructural: México ha crecido a ritmos muy bajos en los últimos años, lo que genera incertidumbre en hogares e inversionistas. Tras un 2025 casi plano, los pronósticos ubican el avance del PIB de 2026 en apenas alrededor de un punto porcentual, cubriendo apenas el aumento natural de la población. Esto significa ocho años continuos de estancamiento en el ingreso per cápita y alimenta el temor de que se repita una década perdida. En otras palabras, la economía crece tan lentamente que el ingreso promedio por persona no mejora.
Esta contracción explica la crisis del empleo formal. Durante 2025 prácticamente no se crearon plazas nuevas: la formalización masiva de plataformas digitales solo registró trabajos ya existentes, sin sumar empleo genuino. Para 2026 la expectativa de creación de empleo formal es modesta (alrededor de 300 mil nuevos puestos), muy por debajo de los aproximadamente 800 mil jóvenes que cada año buscan incorporarse al mercado laboral. Esta escasez de empleo digno empuja a una proporción muy alta de la población hacia la economía informal, reduciendo la seguridad económica de millones de familias.
Otro factor clave es la inflación. Después de tocar niveles muy altos hace un par de años, la inflación general se ubica cerca del objetivo oficial (3%), pero persiste presión en rubros esenciales: alimentos, transporte y servicios básicos. Para 2026 se anticipan nuevos aumentos en impuestos especiales (IEPS) sobre refrescos, tabaco y combustibles, así como la entrada de aranceles a ciertas importaciones finales desde Asia. Estas medidas podrían mantener la inflación total por encima de 4% durante buena parte del año.
En la práctica, esto significa un nuevo golpe al poder de compra de las familias de menores ingresos, justo cuando la economía no ofrece nuevos empleos ni aumentos salariales significativos. El desafío de las autoridades monetarias y fiscales será contener este ciclo inflacionario sin ahogar por completo al ya frágil crecimiento económico.
La situación fiscal es otro reto mayúsculo. El déficit público superó niveles históricos (alrededor de 4% a 5% del PIB en los últimos años), obligando al gobierno a endeudarse más para financiar el gasto corriente. Esto obedece a ingresos tributarios limitados y a la pesada carga de Pemex: la petrolera estatal arrastra un endeudamiento muy alto y requiere inyecciones constantes de recursos, lo que presiona las finanzas públicas.
Paralelamente, el gobierno lanzó un ambicioso Plan México con más de 500 mil millones de pesos para infraestructura estratégica en 2026, pero aún no ha logrado el impulso privado deseado. Las convocatorias recientes para inversión en energía han tenido una respuesta tibia (por ejemplo, la primera subasta eléctrica de 2025 adjudicó solo 3 mil 320 de 5 mil 970 MW ofertados), lo cual retrasa el desarrollo del sector eléctrico y petrolero. Si no se mejora el clima de negocios —evitando incertidumbre regulatoria o retrasos presupuestales—, la falta de inversión pública y privada seguirá frenando el crecimiento.
La inseguridad es un obstáculo estructural. La violencia, la impunidad y la extorsión no solo afectan la vida cotidiana de millones de mexicanos, sino que erosionan la competitividad regional y desalientan la inversión. Sin un entorno de seguridad efectivo, ninguna estrategia económica será sostenible a largo plazo: empresas y familias necesitan garantías mínimas de paz social.
En este contexto, es indispensable fortalecer las fuerzas de seguridad locales, mejorar la impartición de justicia y restablecer el Estado de Derecho para recuperar la confianza interna. Al mismo tiempo, el clima político juega un papel importante: la alta polarización actual dificulta acuerdos legislativos y aumenta la incertidumbre jurídica. Un esfuerzo conjunto de autoridades, empresarios y sociedad civil será clave para aprovechar cualquier avance económico.
Los factores externos suman incertidumbre. En 2026 se prevé la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso delicado que exigirá negociación técnica y diplomacia cuidadosa. Cualquier cambio abrupto en reglas de origen o aranceles podría frenar exportaciones e inversiones mexicanas. Además, la economía mundial enfrenta tensiones geopolíticas crecientes (conflictos en Europa, Asia y Medio Oriente) y nuevos repuntes proteccionistas. En este escenario, una economía tan abierta y dependiente del comercio exterior como la mexicana es particularmente vulnerable a los vaivenes globales.
México deberá responder con políticas públicas sólidas y diplomacia activa. Mantener la inversión y el empleo ante la presión externa requerirá diversificar socios comerciales, fortalecer los encadenamientos productivos nacionales y estar listo para amortiguar choques internacionales. A su favor juega el fenómeno del nearshoring, pero aprovecharlo demanda certidumbre jurídica y estabilidad. En resumen, superar los retos externos implicará potenciar oportunidades estratégicas y proteger a los sectores más sensibles a la volatilidad mundial.
La conjunción de todos estos desafíos hace de 2026 un año decisivo para México. Los factores internos (crecimiento y empleo, inflación, finanzas públicas, seguridad) se combinan con las incógnitas externas (comercio internacional, tensiones geopolíticas y económicas). Superarlos requerirá un esfuerzo coordinado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, con políticas que refuercen la certidumbre jurídica, la inversión productiva y la cohesión social. Solo así podremos convertir estos obstáculos en una oportunidad para lograr un crecimiento más sólido y equitativo en beneficio de toda la población.
Académico de la Universidad del Valle de México Campus Zapopan