El Paquete Económico 2026 contempla un drástico ajuste arancelario que impactará a sectores sensibles como el automotriz, textil, siderúrgico y electrónico. Treinta días naturales después de su publicación, entrará en vigor el decreto mediante el cual México aplicará tarifas de entre 10% y 50% a más de mil 300 productos importados de países con los que no mantiene tratados de libre comercio. La medida será de carácter temporal, con vigencia hasta diciembre de 2026, y tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la industria nacional, fortalecer el mercado interno y generar empleos mejor remunerados.
En lugar de aumentar impuestos directos al consumo, el gobierno apuesta por estos gravámenes al comercio exterior como una fuente alterna de ingresos. Se estima que con esta política se obtendrán alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales en 2026, lo que representa un incremento superior a 40% en la recaudación por importaciones respecto al año anterior. Este impulso permitirá aliviar, aunque parcialmente, el déficit público y otorgar cierto margen de maniobra a las finanzas nacionales.
Uno de los principales temores es el impacto en los precios. El gobierno ha diseñado los aranceles de manera diferenciada: los bienes de alta tecnología o sin sustitutos nacionales tendrán tarifas más bajas para evitar un alza significativa en el costo de vida. Con ello, se prevé que el efecto inflacionario sea reducido, cercano a una décima parte del nivel actual de precios, es decir, un aumento moderado y controlado.
El Banco de México seguirá de cerca el comportamiento de la inflación y el tipo de cambio. Aunque las tasas de interés actuales permiten mantener la estabilidad, un repunte mayor de los precios o una depreciación brusca del peso podría obligar a endurecer la política monetaria. Por ahora, las autoridades consideran que el impacto será temporal y manejable.
En el terreno comercial, los aranceles encarecerán las importaciones de países fuera de los tratados de libre comercio, lo que podría beneficiar a los productores nacionales al reducir la competencia externa. Sin embargo, también existe el riesgo de que industrias que dependen de insumos importados —como la automotriz, la electrónica o la de plásticos— enfrenten mayores costos de producción. Esto podría limitar la competitividad en el mediano plazo y encarecer algunos bienes de consumo.
En el plano internacional, la medida refuerza la tendencia hacia un proteccionismo creciente. Aunque México mantiene su principal mercado en Estados Unidos bajo el T-MEC, lo que lo protege de represalias directas, no se descarta que algunos países afectados cuestionen la decisión en organismos multilaterales. Más allá de los reclamos, la verdadera amenaza para México no está en los aranceles en sí, sino en la posibilidad de que una desaceleración global o una contracción del consumo estadounidense frene la demanda de exportaciones mexicanas.
Cabe destacar un caso particular: la relación comercial entre México y China, que en la última década se ha consolidado como una de las más relevantes para la economía nacional. Actualmente, China es el segundo socio comercial de México, solo detrás de Estados Unidos. No obstante, este intercambio mantiene un fuerte desequilibrio que representa tanto oportunidades como retos hacia el futuro. La mayoría de las importaciones mexicanas provenientes del país asiático corresponden a insumos industriales, maquinaria, electrónicos, autopartes y bienes de consumo, muchos de ellos indispensables para sectores clave como el automotriz y las manufacturas avanzadas. En contraste, las exportaciones mexicanas hacia China se concentran en minerales y sus derivados, equipos eléctricos y electrónicos, vehículos, maquinaria y algunos productos energéticos. Con la entrada en vigor del decreto arancelario, buena parte de estas importaciones chinas se encarecerán, lo que podría elevar los costos de producción para diversas industrias nacionales, pero también abrir la puerta al fortalecimiento de proveedores locales y a una mayor diversificación de los mercados de abastecimiento.
El nuevo esquema arancelario es un experimento relevante para la política económica nacional. Entre sus posibles beneficios destacan la obtención de ingresos fiscales adicionales, la protección de sectores estratégicos y el incentivo a una mayor producción local. En el discurso oficial, se presenta como una apuesta por una industrialización más sólida, con empleos mejor remunerados y cadenas de valor con mayor contenido nacional.
Por otro lado, los riesgos no son menores: el aumento en los costos para consumidores y empresas, la presión inflacionaria —aunque sea limitada— y la posibilidad de menor eficiencia productiva si se reduce el acceso a insumos internacionales competitivos. En suma, se trata de una medida de corto plazo que, aunque puede dar oxígeno a las finanzas públicas y a ciertas industrias, tendrá éxito sólo si logra estimular la capacidad productiva interna sin frenar el dinamismo económico.
*Académico de la Universidad del Valle de México Campus Zapopan.
