México enfrenta crecientes alertas de una posible recesión económica en 2025. Diversos analistas y organismos advierten un panorama complicado como Franklin Templeton, que estima una probabilidad de 70% de una recesión leve en el país dada la adversidad del entorno global y nacional. Por su parte, J.P. Morgan incluso llegó a calificar como “inevitable” la entrada de México en recesión, considerando que los aranceles comerciales y la incertidumbre ocurren cuando la economía ya mostraba tendencia negativa.
El propio Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para 2025 a apenas 0.6%, acorde con estimaciones privadas cercanas a cero. Aunque la estimación oportuna del PIB del primer trimestre arrojó un ligero crecimiento de 0.2% –evitando por poco una recesión técnica gracias al repunte de las exportaciones y del sector agropecuario–, la realidad es que la actividad muestra claros síntomas de enfriamiento.
La desaceleración de la economía de Estados Unidos, que pasaría de crecer 2.8% en 2024 a apenas 1.1% en 2025 según especialistas norteamericanos, y la “amenaza arancelaria contente” impuesto por la administración Trump han nublado el horizonte, afectando la confianza y la demanda externa. Ante este contexto externo adverso, la cautela en las inversiones privadas y una debilidad en el consumo interno se han hecho patentes. Todos estos elementos combinados han llevado a un consenso cada vez más pesimista sobre el rumbo económico del país.
La política fiscal del gobierno actual: ¿prudencia o freno al crecimiento?
En medio de estos retos, la política fiscal del gobierno actual se ha orientado hacia la austeridad y la consolidación de las finanzas públicas. La nueva administración ha mantenido el énfasis en reducir el déficit fiscal, incluso a costa de un menor estímulo económico.
De hecho, economistas señalan que el gobierno ha adoptado una política fiscal contractiva, con el objetivo de recortar el déficit en casi 2 puntos del PIB para dejarlo en torno al 3.9%-4% del PIB. Esto supone restringir el gasto público y buscar mayores ingresos, una estrategia que Fitch Ratings reconoce como parte de unas “políticas macroeconómicas prudentes” del país. Gracias a esa prudencia, la calificación crediticia de México se ha mantenido en grado de inversión y, según Fitch, la administración de Claudia Sheinbaum “mantiene sus objetivos de consolidación fiscal en buen camino a pesar del difícil contexto tanto nacional como internacional”.
Mantener disciplina fiscal puede ayudar a la estabilidad financiera de largo plazo y a contener la inflación, pero ¿a qué costo en el corto plazo? De manera previsible se advierte que apretar el cinturón fiscal mientras la economía se desacelera podría estar agravando la falta de dinamismo interno. Una menor inversión pública y ausencia de estímulos pueden profundizar la caída de la demanda interna, frenando sectores sensibles. No es casual que algunos pronósticos contemplen incluso una contracción del PIB en 2025 (Fitch anticipa -0.4%) a pesar de los esfuerzos oficiales por mantener el optimismo con proyecciones cercanas a 2% de crecimiento. La divergencia entre el optimismo gubernamental y el escepticismo de los mercados es evidente, y obliga a reflexionar si la estrategia fiscal actual está ayudando a evitar una crisis o si, por el contrario, podría estar amortiguando la recuperación.
El comercio exterior ha sido tradicionalmente un pilar para la economía mexicana, pero en el escenario actual enfrenta vientos en contra considerables. Por un lado, la desaceleración de Estados Unidos debilita la demanda de exportaciones mexicanas, restando uno de los motores del crecimiento Por otro lado, las tensiones comerciales han escalado: el gobierno de Estados Unidos ha impuesto aranceles de 25% a una amplia gama de productos mexicanos (particularmente acero, aluminio y ciertos automóviles), impactando a más de la mitad de las exportaciones del país.
Si bien México logró evitar algunos “aranceles recíprocos” más extremos, sigue cargando con esta losa arancelaria en numerosos envíos al exterior La respuesta del gobierno mexicano ha sido mantener negociaciones diplomáticas y tratar de mitigar el golpe —de hecho, se destaca que el estilo conciliador de la presidenta Sheinbaum ha tenido un impacto positivo en las negociaciones arancelarias con Washington. Este esfuerzo rindió frutos en el primer trimestre, cuando las exportaciones a Estados Unidos crecieron contra pronóstico y evitaron la contracción económica.
No obstante, la incertidumbre persiste: Fitch advierte que la relación comercial México-Estados Unidos “probablemente seguirá siendo incierta” al menos hasta la revisión del T-MEC en 2026, y que incluso si se mantiene un trato preferencial, las perspectivas de nearshoring (relocalización de inversiones hacia México) lucen “más sombrías mientras persista esta incertidumbre. En otras palabras, la falta de certidumbre sobre las reglas del juego comerciales puede frenar decisiones de negocio que habrían beneficiado a México en términos de comercio e inversión productiva.
Con exportadores todavía lidiando con impuestos repentinos y mercados externos débiles, el comercio exterior mexicano camina en una cuerda floja. La política fiscal interna poco puede hacer para impulsar directamente las exportaciones, pero un entorno doméstico estable y competitivo sí es crucial para aprovechar oportunidades (por ejemplo, facilitando el nearshoring). Queda pendiente ver si el gobierno complementará su prudencia fiscal con políticas que fortalezcan la competitividad exportadora, para contrarrestar al menos en parte los choques externos.
La incertidumbre política interna ha encendido alertas entre inversionistas. La polémica reforma judicial que propone elegir jueces por voto popular generó inquietud sobre la fortaleza institucional, al grado de que algunos inversionistas expresan preocupación por el apetito de inversión privada a futuro bajo estas nuevas reglas. A nivel macro, el enfriamiento económico y la cautela empresarial se traducen en menor inversión.
En un entorno donde la posibilidad de una recesión se cierne sobre México, el gobierno camina sobre una fina línea entre la prudencia fiscal y la necesidad de impulsar la economía. La política fiscal actual, austera y enfocada en reducir déficits, busca evitar desequilibrios mayores a costa de un menor crecimiento inmediato. Esto ocurre mientras sectores clave como el comercio exterior y la inversión extranjera resienten los efectos de la incertidumbre global y local. Es un momento de decisiones difíciles y calibración fina de las políticas económicas. ¿Logrará México equilibrar la disciplina fiscal con el estímulo necesario para revitalizar su economía, o terminará esta prudencia profundizando la desaceleración y materializando la tan temida recesión?
Académico de la Universidad del Valle de México Campus Zapopan
