El 9 de junio de 2025 el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) revisó la Guía FCPA y declaró que los sobornos a funcionarios extranjeros representan un riesgo de seguridad nacional y de competitividad, no solo una falta corporativa. La nueva política fija cuatro prioridades: vínculos con cárteles u organizaciones criminales transnacionales, daño económico a empresas estadounidenses, amenaza a sectores críticos —infraestructura, energía, transporte, telecomunicaciones— y pagos de soborno especialmente graves. Cualquier desembolso que roce a una red criminal basta ahora para activar una investigación.
El DOJ también desechó la teoría del «conocimiento colectivo». Para acusar a la empresa ya no bastará sumar retazos de información interna; los fiscales deben identificar a las personas que autorizaron, ejecutaron o encubrieron el pago ilícito. Si la organización demuestra controles eficaces, puede negociar clemencia, pero esos individuos quedarán expuestos a un juicio personal.
Una imputación dispara daños profesionales y financieros. El ejecutivo es suspendido de inmediato, pierde asientos en consejos y ve revocadas certificaciones. Las pólizas de responsabilidad civil (D&O) elevan primas o retiran cobertura, y en industrias reguladas un antecedente penal sepulta la carrera directiva.
A nivel corporativo la política crea un efecto dominó. Identificar pronto a los responsables directos otorga descuentos en la multa, por lo que las juntas multiplican auditorías, analítica forense y reportes de cumplimiento trimestrales, con el consiguiente aumento de costos.
La cultura de cumplimiento también cambia. La formación ya explica las penas concretas de cada rol y refuerza canales de denuncia anónima; las estadísticas del DOJ muestran que la cooperación temprana reduce drásticamente la sanción individual.
Para las empresas mexicanas el riesgo es mayor porque la guía menciona expresamente a los cárteles. Un agente aduanal o consultor local ligado a lavado de dinero basta para escalar el caso. Es indispensable una debida diligencia profunda sobre beneficiarios finales, reputación y flujos financieros, además de un monitoreo continuo de pagos pequeños y recurrentes, patrón típico de soborno sistémico.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) mantiene intacto el requisito de libros y registros confiables; son la prueba clave de que un acto fue aislado y no sistémico. Así, la reforma fusiona ética, seguridad nacional y mercado. El riesgo sube, pero la hoja de ruta es clara: inteligencia de riesgos, tecnología forense y responsabilidad personal documentada. Anticiparse ya no es buena práctica sino cuestión de supervivencia.
En México se preparan reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —la llamada Ley Antilavado— con el fin de alinearla a las recomendaciones más recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el verdadero desafío supera los ajustes técnicos. Sin un esfuerzo sostenido y coordinado para combatir la corrupción pública y el involucramiento empresarial con organizaciones criminales, cualquier modernización normativa quedará corta. El momento es propicio para cumplir los estándares globales y demostrar que el país puede cerrar las brechas que aún facilitan la infiltración de recursos ilícitos en la economía formal.
