México no solo padece al crimen organizado: se ha convertido en uno de sus centros neurálgicos a nivel global. El más reciente informe del Banco Mundial lo confirma, al situar al país entre los más afectados por redes criminales diversificadas, violentas y con capacidad de control territorial e institucional. Lo que se presenta como una crisis de seguridad es, en realidad, un freno estructural al desarrollo económico, a la gobernabilidad y al futuro del país.
El diagnóstico es claro: México figura entre los veinte primeros puestos en trece de los quince mercados ilícitos evaluados, desde el narcotráfico hasta delitos financieros y trata de personas. Los grupos criminales aquí no solo delinquen: gobiernan. En varias regiones sustituyen al Estado, imponen normas, ofrecen “servicios” y extraen rentas. A esto se suma una violencia letal desbordada y una institucionalidad debilitada, con procesos judiciales ineficientes, cárceles saturadas y altos niveles de impunidad.
El impacto económico es igualmente profundo. El crimen ahuyenta inversiones, distorsiona el mercado laboral y encarece la operación empresarial. La extorsión actúa como un impuesto criminal, y el gasto en seguridad pública y privada absorbe recursos que deberían destinarse a salud, educación e infraestructura. Además, para cientos de miles de jóvenes, el crimen ofrece ingresos y estatus que el mercado formal no proporciona.
Frente a esta realidad, el Banco Mundial propone un enfoque dual: contención eficaz e inversión en prevención.
La primera dimensión exige precisión. Contener significa priorizar las manifestaciones más destructivas del crimen: la violencia homicida, la extorsión sistemática y la corrupción institucional. Para ello, el informe subraya la necesidad de estrategias sustentadas en inteligencia operativa, uso de datos, profesionalización de las fuerzas de seguridad y coordinación interinstitucional. La experiencia de la Ciudad de México desde 2019 sirve como modelo: reducción sostenida de delitos de alto impacto a partir de un enfoque integral que combinó tecnología, presencia territorial y prevención. Pero el modelo debe escalarse y adaptarse a contextos locales.
La segunda línea estratégica, es la prevención sostenida mediante el desarrollo social y económico. El informe plantea que sin oportunidades reales, especialmente para jóvenes en contextos vulnerables, cualquier esfuerzo de seguridad será insuficiente. La respuesta debe ser profunda: generar empleos formales con condiciones dignas, cerrar la brecha digital, ampliar el acceso a la educación y reducir la desigualdad territorial. Los grupos criminales prosperan donde el Estado está ausente. Debilitar su poder requiere hacer presente al Estado con mejores servicios, mejores opciones y mejor futuro.
Además, el informe advierte que México no puede actuar solo. Detener el tráfico de armas desde EE. UU., perseguir el lavado de dinero y reformar el marco internacional sobre drogas son tareas que exigen cooperación. El CO es un fenómeno transnacional que se alimenta de flujos globales.
México enfrenta un actor que no solo corrompe, sino que gobierna, emplea, financia y mata. Enfrentarlo exige una política de Estado articulada, ambiciosa y persistente. No bastan operativos aislados ni reformas parciales. El país necesita una visión de largo plazo y la voluntad política para ejecutarla.
