El combate al narcotráfico y el crimen organizado entre EUA y México ha sido constante. En este contexto, el presidente electo Donald Trump propuso designar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y emplear fuerzas armadas en una estrategia de “invasión suave”. Esta propuesta plantea importantes interrogantes legales, diplomáticas y operativas.
El uso de las fuerzas armadas estadounidenses en el extranjero está regulado por un marco constitucional que equilibra las atribuciones del Presidente y las facultades del Congreso. El Presidente, puede dirigir operaciones militares, pero ese poder está limitado porque corresponde al Congreso declarar la guerra y regular las fuerzas armadas. Este equilibrio evita abusos y garantiza que las decisiones militares reflejen la voluntad popular.
La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 exige la autorización legislativa para despliegues militares, salvo emergencias nacionales. También impone notificar al Congreso dentro de 48 horas y limita la duración de operaciones a 60 días, con una posible extensión de 30 días, así previenen la toma de decisiones precipitadas.
La “invasión suave”, incluye operaciones encubiertas, ataques con drones y tecnología cibernética para neutralizar a los cárteles, evitando un despliegue masivo de tropas. Sin embargo, estas acciones, sin el consentimiento del gobierno mexicano, violarían la soberanía nacional y el derecho internacional, afectando gravemente las relaciones diplomáticas. Además, podrían generar tensiones en áreas de cooperación bilateral como comercio y seguridad fronteriza.
Operativamente, los cárteles funcionan en redes descentralizadas y adaptativas, lo que dificulta su desarticulación mediante ataques selectivos. Históricamente, eliminar líderes no ha debilitado estas organizaciones y puede fragmentarlas en grupos más violentos. También manipulan problemas transnacionales como el fenómeno migratorio, controlando rutas de migración para diversificar sus ingresos, complicando los enfoques tradicionales de combate.
El uso de drones armados en zonas urbanas densamente pobladas aumenta el riesgo de daños colaterales, alimentando sentimientos antiestadounidenses y dificultando la cooperación futura. Además, las operaciones cibernéticas enfrentan desafíos técnicos al combatir organizaciones resilientes e innovadoras.
Como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, México rechaza cualquier injerencia externa, un ataque unilateral fortalecería el apoyo social hacia los cárteles. Las represalias violentas de los cárteles podrían escalar el conflicto, afectando tanto a
civiles como a intereses estadounidenses. En términos diplomáticos, estas acciones deteriorarían la relación bilateral y años de cooperación en seguridad y desarrollo.
Aunque la designación de los cárteles como FTO y la “invasión suave” parecen enfoques contundentes, sus implicaciones legales, operativas y sociales las hacen cuestionables. Combatir el narcotráfico requiere estrategias integrales, la creación de grupos de investigación binacionales, así como como fortalecer las instituciones mexicanas, mejorar la cooperación internacional y reducir la demanda de drogas en EUA. La lucha contra el fentanilo debe enfocarse en la última milla, deteniendo a los distribuidores finales y abordando las adicciones que sostienen esta crisis.
