La lucha contra las organizaciones criminales en México y Estados Unidos ha sido un tema central en las políticas de seguridad de ambas naciones. Más allá de las estrategias punitivas y de desmantelamiento de estas estructuras ilícitas, es imperativo considerar la reparación del daño a las víctimas como un componente esencial de justicia y reconciliación. Las víctimas de crímenes cometidos por cárteles de droga, sufren pérdidas humanas, daños psicológicos y perjuicios económicos. La reparación del daño busca compensarlas, restituir su dignidad y facilitar la recuperación. Las políticas de seguridad deben incluir medidas para atender y resarcir a las víctimas.
En este sentido, resulta conveniente para muchas víctimas acudir a la jurisdicción norteamericana, donde se juzga a la mayoría de los grandes capos del narcotráfico. A través de multas, incautaciones y decomisos, las autoridades confiscan una parte importante de los recursos obtenidos ilícitamente, lo que ofrece una oportunidad real de acceder a reparaciones mediante esos bienes asegurados por el Estado estadounidense.
El Antiterrorism Act (ATA) de 1996 permite a las víctimas de actos terroristas demandar civilmente para obtener compensación. Esta ley faculta a ciudadanos estadounidenses a iniciar acciones legales contra individuos, organizaciones o estados que hayan cometido o apoyado actos de terrorismo con consecuencias para ciudadanos o intereses de EE.UU.
Dos casos ilustrativos en este ámbito son las demandas presentadas por los descendientes de Enrique "Kiki" Camarena y la familia LeBarón. En el caso de Camarena, un agente de la DEA asesinado en 1985, sus familiares han buscado justicia y compensación por el brutal crimen cometido por el cártel de Guadalajara. Por otro lado, la familia LeBarón, que sufrió la masacre de nueve de sus miembros en 2019 en el estado de Sonora, ha explorado vías legales en Estados Unidos para responsabilizar a los perpetradores y obtener reparación por los daños sufridos.
Cabe señalar que instrumentos como el ATA están dirigidos principalmente a ciudadanos estadounidenses. No obstante, los extranjeros disponen de ciertos recursos legales en EE.UU. El Alien Tort Claims Act (ATCA) permite a ciudadanos extranjeros demandar por violaciones al derecho internacional, incluso si los hechos ocurrieron fuera del país. Aunque históricamente ha sido clave en casos de derechos humanos, su aplicación ha enfrentado restricciones jurisprudenciales.
Además del ATCA, los extranjeros pueden acudir a vías civiles ordinarias en Estados Unidos, presentando demandas por daños y perjuicios cuando exista jurisdicción adecuada y se demuestre que los actos ilícitos tuvieron un impacto o vínculo significativo con ese país. Mientras EE.UU. ha desarrollado ciertos mecanismos de reparación, México aún enfrenta el reto de robustecer sus propias estructuras.
La lucha contra las organizaciones criminales debe ir más allá de la mera aplicación de la ley y considerar el bienestar y la reparación de las víctimas como una prioridad. Tanto en México como en Estados Unidos, es esencial desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan a las víctimas obtener justicia y compensación por los daños sufridos. Solo a través de un enfoque integral que combine la persecución del delito con la atención a las víctimas se podrá avanzar hacia sociedades más justas y resilientes.
