Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, a través de su orden ejecutiva que impone aranceles y acusa al gobierno de México, no deben ser minimizadas. Si bien forman parte de su estrategia de negociación, pueden tener consecuencias profundas en la relación bilateral y en la percepción internacional sobre la lucha contra la delincuencia organizada en México. Aunque la administración mexicana ha respondido con desmentidos categóricos, es imprescindible traducir estas respuestas en acciones concretas que refuercen el Estado de derecho y el combate a la criminalidad.
Es fundamental desvirtuar estas acusaciones con contundencia, pues su persistencia podría fortalecer narrativas criminales, obstaculizar la procuración de justicia y justificar una mayor injerencia estadounidense en los asuntos internos de México. Más preocupante aún es la reactivación de la certificación antidrogas como mecanismo de presión, que deja a México en una posición vulnerable ante condiciones impuestas unilateralmente. Para contrarrestar estos riesgos, es urgente una política criminal coherente, con estrategias viables que fortalezcan la acción gubernamental y generen confianza en la comunidad internacional.
Para cambiar la percepción de México y fortalecer su posición, es esencial judicializar a los principales capos del narcotráfico en el país y realizar un proceso masivo contra un número significativo de implicados. De esta manera, se demostraría el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Es imperativo desarticular las estructuras criminales de manera sistemática y garantizar la judicialización efectiva de sus miembros.
Es necesario reactivar iniciativas de cooperación binacional efectivas, como las Unidades de Investigaciones Especiales (SIU), cuya disolución obedeció a la corrupción de ciertos individuos y no a fallos estructurales. Mientras operaron, lograron resultados positivos con la DEA. El establecimiento de mecanismos claros de colaboración con Estados Unidos permitiría evitar sospechas y recriminaciones unilaterales, fortaleciendo la confianza en las instituciones mexicanas. Para ello, es crucial definir protocolos que garanticen la integración legal de datos de inteligencia en los procesos judiciales y que los operativos conjuntos respeten la soberanía nacional.
Uno de los mayores desafíos en esta lucha es el control del tráfico de armas, fuente de poder para los grupos criminales. Los distribuidores en Estados Unidos que abastecen a estos grupos podrían ser considerados colaboradores de organizaciones terroristas. Además, la estrategia debe centrarse en la dimensión financiera del crimen organizado. Su verdadero poder radica en los recursos obtenidos del narcotráfico y el lavado de dinero en Estados Unidos. Desmantelar sus esquemas financieros requiere un intercambio sólido de información, operativos conjuntos de inteligencia e infiltración y la aplicación de sanciones a entidades financieras que faciliten estas operaciones.
México debe afrontar con determinación los desafíos que implica su lucha contra el crimen organizado y su relación con Estados Unidos en este ámbito. La respuesta a las presiones externas no debe limitarse a discursos políticos, sino traducirse en acciones concretas que fortalezcan la seguridad nacional, consoliden la cooperación internacional y afiancen el Estado de derecho.
