El 10 de febrero de 2025, la política anticorrupción de EE.UU. cambió con la Orden Ejecutiva Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement to Further American Economic and National Security, que suspende temporalmente la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977, deteniendo nuevas investigaciones y revisando las existentes. La medida busca fortalecer la competitividad empresarial y alinear la aplicación de la ley con intereses estratégicos. Mientras el sector privado anticipa menor carga regulatoria y mayor flexibilidad, expertos advierten que la decisión podría debilitar los estándares de transparencia global.
Desde su creación, la FCPA ha sido un referente en la lucha contra la corrupción. No obstante, la administración argumenta que su aplicación obstaculiza el crecimiento en sectores estratégicos. La orden impone una moratoria de 180 días en nuevas investigaciones, alegando que la fiscalización frena la inversión y desvía recursos clave. Aunque temporal, la medida podría reconfigurar la operativa empresarial y la posición internacional de EE.UU. en materia anticorrupción. Para las empresas, la suspensión de la FCPA reduce costos y mejora su competitividad en mercados con regulaciones laxas. Sin embargo, la menor supervisión podría incentivar prácticas riesgosas y afectar la reputación corporativa ante inversionistas y consumidores.
El impacto trasciende el ámbito empresarial y cuestiona la gobernanza global. La FCPA ha servido de modelo para normativas internacionales, como la UK Bribery Act y las directrices de la OCDE. Su suspensión podría incentivar regulaciones más laxas y debilitar la cooperación internacional. Medios como The Wall Street Journal y The Economist advierten que la medida erosiona la credibilidad de EE.UU. como líder anticorrupción, mientras que académicos cuestionan su constitucionalidad.
Organismos como la ONU y la UNODC han manifestado su preocupación por la erosión de la transparencia global. EE.UU., que ha promovido estándares anticorrupción en foros internacionales, podría generar tensiones diplomáticas si otros países endurecen regulaciones para compensar su falta de supervisión. La incertidumbre en su política anticorrupción añade inestabilidad a las relaciones comerciales y políticas globales.
Uno de los puntos más contradictorios es la coexistencia de esta orden con la reciente designación de ciertos cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Mientras la suspensión de la FCPA flexibiliza regulaciones para fomentar la competitividad, la orden FTO refuerza la lucha contra el crimen organizado, que se nutre de la corrupción. Esta aparente paradoja debilita los controles sobre la corrupción empresarial mientras endurece las medidas contra redes criminales, lo que podría facilitar inadvertidamente su expansión y afectar la eficacia de la lucha contra la criminalidad transnacional.
Si bien la suspensión de la FCPA busca mejorar la competitividad, podría generar riesgos a largo plazo. La reducción de controles facilitaría la expansión empresarial en mercados de alto riesgo, pero también incentivaría prácticas corruptas que afecten su estabilidad. A nivel global, esta decisión podría debilitar avances en la lucha contra la corrupción y erosionar la posición de EE.UU. como referente en transparencia y ética empresarial.
