En una época marcada por la creciente influencia del crimen organizado en los procesos electorales, México se encuentra en una encrucijada donde la inviolabilidad de sus instituciones democráticas está bajo constante asedio. La creciente polarización política y competitividad de las campañas electorales, proporciona un terreno fértil para que el crimen organizado prospere, junto con la sofisticación de las prácticas electorales ilícitas, que van desde la manipulación hasta la violencia y la corrupción, subraya la urgencia de un enfoque estratégico y vigilante para preservar la integridad electoral.
Las iniciativas legislativas presentadas hace un año por el PRI pudieran representar un paso significativo hacia el fortalecimiento del proceso electoral contra la interferencia criminal. Sus propuestas, incluyen la creación de entidades especializadas dentro del INE y reformas legales para combatir el financiamiento ilícito y la violencia electoral.
La naturaleza omnipresente de la corrupción, que actúa como facilitadora de la influencia criminal, emerge como un tema central en esta discusión. La relación simbiótica entre funcionarios corruptos y redes criminales no solo socava el Estado de derecho, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones. Abordar este problema requiere de reformas integrales dirigidas a fortalecer la gobernanza y restaurar la confianza pública en el sistema legal.
El país ha desarrollado mecanismos sofisticados para la administración y supervisión electoral, compuesto por el INE, el TEPJF y la FISEL (antes FEPADE). Ha promulgado reformas para proteger la integridad electoral de la influencia ilícita, exigiendo el registro de todos los gastos e ingresos en una plataforma digital nacional. Esto mejora la transparencia y la rendición de cuentas, con límites al gasto político y restricciones a las donaciones privadas para evitar influencias indebidas. Sin embargo, a pesar de estos avances, el historial de fraudes electorales y la influencia continua del crimen organizado subrayan la necesidad de una vigilancia continua y una adaptabilidad a las amenazas cambiantes.
Abordar las vulnerabilidades a nivel local es crucial, ya que el crimen organizado a menudo ejerce su influencia en estas áreas. Los esfuerzos para proteger las elecciones y a los funcionarios locales de la coacción y la violencia criminal son necesarios para mantener la integridad del proceso democrático. Se debe poner espacial atención en los procesos electorales locales.
El papel de los partidos políticos en la prevención del crimen es vital. Deben reconocer y asumir sus responsabilidades en la prevención de la influencia criminal en las campañas. El rol del sector privado en el cumplimiento de la normativa relativa a las contribuciones políticas y la abstención de prácticas de financiación ilícita es otro aspecto crucial de la estrategia.
Para combatir la influencia del crimen organizado en sus procesos electorales, México requiere un esfuerzo dinámico de múltiples actores que vaya más allá de las instituciones electorales e incluya a las fuerzas del orden, los partidos políticos, el sector privado y la sociedad civil. Este enfoque integral debe evaluarse y adaptarse continuamente al cambiante panorama de las actividades del crimen organizado y su influencia en el proceso político.
