En unos días se presentará el Paquete Económico 2026, el documento presupuestario más importante del país, el cual integra tres elementos clave: los criterios generales de política económica; la Ley de Ingresos de la Federación; y el Presupuesto de Egresos.
Este último es fundamental, ya que permite identificar las prioridades del gobierno: cuánto se gastará y en qué se invertirá. Dentro del presupuesto, uno de los apartados más relevantes para la política pública con perspectiva de género es el “anexo transversal 13: erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, cuyo objetivo es impulsar políticas públicas dirigidas a cerrar las brechas de desigualdad entre estos grupos.
El Anexo 13 nació con la intención de asegurar recursos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a la igualdad de género. Su propósito era dar cumplimiento a compromisos internacionales, como los adquiridos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La lógica detrás de estos instrumentos es clara: sin recursos, la igualdad quedaría únicamente en el discurso. México, de hecho, fue pionero en este tipo de esfuerzos, al incorporar desde 1997 prioridades de género en el presupuesto etiquetado.
Durante el año 2025, el presupuesto destinado al anexo 13, fue de 479 mil millones de pesos, con un incremento real de 9.6% respecto al año anterior. Esto representa apenas el 5.2% del presupuesto total. Sin embargo, para entender su verdadero impacto no basta con ver la cifra global, hay que analizar a qué dependencias y programas se destinan estos recursos.
De acuerdo con el presupuesto 2025, 35 dependencias recibieron fondos del Anexo 13. De estas, fueron dos ramos los que concentraron la mayor parte de los recursos, Bienestar, quien recibió 282,504.6 millones de pesos, y Educación Pública, la cual contó con 130,184.8 millones de pesos. Entre ambas instituciones concentraron el 86.1% de los recursos, casi 9 de cada 10 pesos destinados a la igualdad.
Si observamos con detalle en qué programas se distribuyeron estos recursos, podemos identificar dos cuestiones: pensiones y becas. Solo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores absorbe 252,370.7 millones de pesos. En educación, 87,300.4 millones se distribuyen en tres programas de becas: Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Esto abre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿está el Anexo 13 cumpliendo su función de igualar las condiciones entre mujeres y hombres, o se ha convertido en una caja chica para financiar programas sociales que no abordan las raíces estructurales de la desigualdad? Los datos sugieren lo segundo. México ocupa el primer lugar en igualdad de género en educación secundaria y terciaria, según el Global Gender Gap Index (GGGI) 2025 del Foro Económico Mundial. Una tendencia que también confirma el INEGI: entre la población joven, las mujeres incluso superan a los hombres en escolaridad promedio. En otras palabras, la educación ya no es el principal foco de desigualdad. Y, aun así, los recursos del Anexo 13 siguen dirigiéndose en gran parte a becas.
El verdadero reto está en otros frentes: el mercado laboral y los ingresos. Aunque las mujeres cuentan con mayor escolaridad, siguen enfrentando profundas desigualdades en su vida adulta, principalmente por su baja participación laboral. Según el GGGI, México ocupa el lugar 113 de 148 países en este ámbito, debido a su bajo desempeño en igualdad salarial, participación económica e igualdad de ingresos.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) lo confirma: la brecha en participación laboral ronda los 30 puntos porcentuales. Las pensiones para mujeres adultas mayores podrían reducir la brecha de ingresos en la vejez —hoy de 16,857 pesos—, pero no resuelven el problema estructural de fondo: la baja participación de las mujeres en el mercado laboral.
Aunque esta problemática no es nueva, el PEF 2025 contempla un recorte del 91.31% en términos reales al presupuesto del ramo de economía, mientras que otro rubro relevante como las aportaciones a seguridad social tuvo una caída del 32.1%. Lo que nos muestra la falta de un análisis puntual de las necesidades en brecha de género, así como de la urgencia de fomentar una participación económica de las mujeres más equitativa.
En conclusión, a casi 30 años de los presupuestos con igualdad de género en México, los avances han sido bastante dispares. Las causas: priorización de agendas políticas y diagnósticos inadecuados sobre las necesidades en términos de brecha de género. El nuevo presupuesto está por llegar, pero todo indica que seguirá repitiendo viejas inercias. La pregunta es: ¿hasta cuándo entenderemos que, sin igualdad económica, difícilmente se logrará la igualdad social?
