Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Economía Circular, una norma que busca transformar el modelo tradicional de producir, consumir y desechar por uno orientado a extender la vida útil de los productos. La economía circular no es un modelo nuevo, ha mostrado resultados positivos en distintos países y se basa en prácticas como compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos. Sin embargo, pese a sus bondades, su implementación en México enfrenta retos económicos, financieros y culturales que podrían limitar su alcance real.
De entrada, conviene revisar el contenido de la ley. Esta establece como objetivo central incrementar la vida útil de los productos mediante la minimización, recuperación, aprovechamiento y valorización de los residuos, además de definir obligaciones y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. La relevancia de esta apuesta es evidente en un país donde se generan alrededor de 108 mil toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente.
Uno de los pilares de la ley es el mecanismo de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que establece que la persona productora —física o moral— es responsable ambientalmente de su producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Un ejemplo claro es el de una empresa embotelladora, su responsabilidad ya no se limitaría a la venta del producto, sino que incluiría el seguimiento del destino de la botella una vez desechada. En este sentido, la ley amplía las obligaciones empresariales más allá del proceso productivo, extendiéndolas a toda la vida útil del bien.
La norma también asigna responsabilidades a los distintos órdenes de gobierno. Entre ellas se encuentran el diseño de políticas públicas, el impulso a la investigación y el desarrollo en economía circular, la promoción de la participación social y la implementación de programas de educación ambiental. La intención es que el modelo no recaiga únicamente en las empresas, sino que tenga un carácter transversal y coordinado.
No obstante, la ley viene acompañada de retos significativos. En primer lugar, la responsabilidad financiera del ciclo de vida del producto recae principalmente en las empresas. La propia ley establece que los sectores productivos e importadores están obligados a financiar los esquemas de economía circular aplicables a sus productos. Aunque se contemplan criterios de “gradualidad” para las micro, pequeñas y medianas empresas, no se especifican con claridad los mecanismos diferenciados que se aplicarían en su caso, lo que podría afectar su competitividad y permanencia.
Otro desafío importante se encuentra en el ámbito municipal. En México, la gestión de los residuos sólidos urbanos es responsabilidad principalmente de los municipios, cuyas capacidades financieras y técnicas son limitadas y profundamente desiguales. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, durante 2022 existían 150 municipios sin servicio de recolección formal, donde la quema de basura y los tiraderos a cielo abierto siguen siendo prácticas recurrentes. Además, solo 204 municipios realizaban recolección separada; únicamente 123 contaban con instalaciones de transferencia y apenas 83 enviaban residuos a plantas de tratamiento. Sin un financiamiento público adecuado, resulta poco realista esperar que los municipios puedan adoptar un esquema de esta magnitud.
A ello se suman las limitantes culturales. El aprovechamiento adecuado de los residuos depende, en buena medida, del nivel de separación y limpieza en origen. Sin embargo, en México la adopción de estas prácticas sigue siendo baja. Incluso en entidades como la Ciudad de México, donde existen esquemas formales de separación, persisten conductas como el pago de “propinas” al personal de recolección para que se lleve la basura sin clasificar.
Si bien la Ley General de Economía Circular es necesaria y responde a una urgencia ambiental ineludible, aún queda un largo camino por recorrer en la construcción de legislaciones estatales y municipales, así como en el diseño de programas e incentivos específicos. Hoy por hoy, México no parece estar plenamente preparado para transitar hacia este modelo, ni en términos económicos, ni de finanzas públicas, ni culturales. Municipios con capacidades limitadas, MiPymes sujetas a mayores cargas regulatorias y una ciudadanía con pocos incentivos para modificar sus hábitos conforman una combinación poco favorable. El tránsito hacia la economía circular era impostergable; el reto ahora es evitar que, por falta de recursos e incentivos adecuados, se quede en una buena intención con resultados limitados.
Analista en materia económica