El 14 de octubre productores agropecuarios de 16 entidades del país, entre las que destacan, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, se manifestaron en diferentes puntos del país debido a la caída en los precios de varios productos agropecuarios y a la necesidad de que el gobierno intervenga para establecer precios de garantía. Entre sus principales peticiones también se encuentra que algunos granos básicos, como el maíz, el frijol, el trigo y el sorgo, queden fuera de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante el temor de una mayor apertura que afecte su competitividad.
La demanda de los productores agropecuarios es clara: los costos de producción que enfrentan superan los precios de comercialización. Sin embargo, este problema no surge precisamente de incrementos en los precios de insumos — ya que durante septiembre el subíndice del sector de la agricultura presentó una variación de 0.48% anual en su Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) —, sino por una combinación de factores estructurales que desde hace años limitan la rentabilidad del campo mexicano como lo es la falta de financiamiento, la escasa tecnificación, la concentración del mercado y la vulnerabilidad frente a las condiciones climáticas.
Paradójicamente, el sector agropecuario ha sido de los más dinámicos de la economía durante 2025. Por ejemplo, durante el primer trimestre del año, el crecimiento de este sector ascendió a 6.6%, mientras que en el segundo se ubicó en 2.6%, con cifras desestacionalizadas. El crecimiento agregado oculta desigualdades internas, mientras ciertos cultivos de exportación se benefician del dinamismo, los pequeños y medianos productores enfrentan bajos márgenes y dificultades crecientes para sostener su actividad.
Los agricultores asumen una serie de costos a lo largo de toda la cadena productiva —desde la siembra hasta la comercialización— y muchos de ellos carecen de acceso a créditos, seguros o infraestructura suficiente. Por poner un ejemplo, solo el 6.1% de las unidades de producción agropecuarias tuvieron acceso a crédito durante 2021, lo que limita su capacidad para acceder no solo a mejoras tecnológicas, sino a infraestructura básica. A ello se suman los problemas derivados de los intermediarios y grandes comercializadores, quienes concentran el mercado y fijan precios de compra bajos para varios productos, limitando la capacidad de negociación de los productores.
Los mismos datos del Censo Agropecuario 2022 confirman este diagnóstico. La principal problemática que enfrentan las unidades de producción agropecuarias son los altos costos de insumos y servicios, seguidos por las dificultades climáticas y biológicas, y los bajos precios o la disminución de ventas. Estos factores reflejan un entorno productivo cada vez más adverso, en el que la falta de apoyo técnico, financiero y logístico debilita la sostenibilidad del sector.
La magnitud de las recientes movilizaciones agrícolas confirma que el problema del campo mexicano va más allá de una simple disputa por precios o subsidios. Las exigencias de los productores —como la exclusión de los granos básicos del T-MEC y la fijación de precios mínimos— reflejan un descontento acumulado por décadas de rezago estructural, desprotección comercial y concentración del mercado.
La situación actual del campo mexicano exige, por tanto, una estrategia integral. No bastan políticas reactivas ni apoyos temporales; se requiere un plan de largo plazo que fomente la tecnificación, la diversificación productiva y la generación de oportunidades educativas y laborales en el medio rural. Pero, sobre todo, se necesita una visión de país que reconozca que la modernización del campo es tanto un asunto económico, como un componente esencial de la seguridad alimentaria y del desarrollo social de México.