Los avances en materia de seguridad anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo muestran que México empieza a dejar atrás una etapa marcada por la inercia y la resignación frente a la violencia. Hoy, los datos permiten hablar con claridad. La estrategia funciona. Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional se redujo en 40 %, al pasar de 86.9 a 52.4 víctimas diarias. En términos concretos, esto significa 34 homicidios menos cada día. No es un logro menor. Diciembre de 2025 se convirtió en el mes con el nivel más bajo de homicidio doloso desde 2015, y la tasa anual por cada 100 mil habitantes alcanzó su punto más bajo en una década.
Este avance se manifiesta de manera amplia en el territorio nacional. Veintiséis entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios dolosos entre 2024 y 2025, lo que confirma que la disminución de la violencia letal responde a una estrategia con alcance nacional. En un país históricamente atravesado por profundas desigualdades regionales en materia de seguridad, este dato adquiere un valor particular, pues muestra que la tendencia a la baja se consolida en buena parte del país y no depende de esfuerzos aislados.
Las cifras apuntan a algo más profundo, una forma distinta de concebir la seguridad pública. Con continuidad, coordinación y una visión estratégica centrada en el control territorial, la inteligencia operativa y la acción del Estado, México comienza a recuperar capacidades que durante años permanecieron debilitadas. Persisten retos importantes y nadie pretende minimizar el dolor que la violencia sigue causando en miles de familias. Sin embargo, hoy es posible afirmar que el rumbo cambió. Cuando existen estrategia, voluntad política y trabajo constante, los resultados llegan. En un tema tan sensible para la ciudadanía, estas cifras no sólo importan, también devuelven esperanza y confianza.
Este diagnóstico no proviene únicamente del gobierno. Reconocidos expertos en seguridad, como Eduardo Guerrero, presidente de Lantia, coinciden en que la reducción sostenida de los homicidios responde a una estrategia más focalizada y consistente del Estado, basada en el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia y la desarticulación de capacidades criminales. Guerrero ha señalado incluso que “estamos ya ante un proceso de franca pacificación y que este proceso tiene probabilidades de éxito”.
Estos resultados son posibles gracias a la consolidación de una política nacional de seguridad con prioridades claras y objetivos definidos. En este proceso, el Congreso de la Unión ha desempeñado un papel clave al dotar al Estado de un marco jurídico más coherente y funcional. Las reformas constitucionales aprobadas entre 2024 y 2025, en particular las modificaciones a los artículos 21 y 129, fortalecieron la coordinación institucional, clarificaron responsabilidades y ampliaron las capacidades del Estado en materia de investigación, inteligencia y operación de la Guardia Nacional.
A ello se sumó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitió una articulación más eficaz entre los tres órdenes de gobierno mediante el intercambio de información estratégica. Este rediseño normativo contribuyó de manera decisiva al éxito, hoy evidente, de la política de seguridad pública encabezada por el secretario Omar García Harfuch. En su comparecencia, ampliamente aplaudida por la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos algunos de oposición, Harfuch reconoció el papel clave que desempeñó el Senado para construir una Secretaría de Seguridad más robusta, y reconoció la relevancia que tiene nuestra labor legislativa en la pacificación del país.
Desde el escaño: en el Senado nos preparamos para un periodo intenso en el que la reforma electoral será, sin duda, el debate central. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: trata de una reforma benéfica para México, con una amplia vocación democrática, que emana de una visión de Estado y no de partido y busca responder a las necesidades reales del país y a las exigencias de la ciudadanía.
El proceso avanza y la Secretaría de Gobernación ya ha convocado mesas de diálogo con los partidos aliados, PVEM y PT, como parte de un ejercicio plural que busca fortalecer la justicia electoral y la competitividad democrática. Estoy segura de que pronto conoceremos el texto y comenzará el intercambio —tan necesario como productivo— que permitirá enriquecer la propuesta y avanzar hacia una reforma vital para el futuro de México. Nos leemos pronto.
Senadora por la Ciudad de México
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