Ing. Luis F. Robledo Cabello
Coordinador del Comité de Infraestructura del CICM
El nivel de vida de los habitantes de México y el desarrollo económico del país depende de muchos factores; uno de ellos, de gran importancia, es la infraestructura para la prestación de los servicios públicos y también para el desarrollo de actividades industriales, comerciales y primarias como la agricultura de riego, a través de las cuales se generarán empleos para los jóvenes de las nuevas generaciones.
Hay numerosos servicios públicos que contribuyen al bienestar, como el agua potable, el alcantarillado, el transporte carretero, la energía eléctrica, los combustibles, la educación y la salud, entre muchos otros; todos ellos requieren infraestructura.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece quiénes son los responsables del desarrollo de la infraestructura de los servicios públicos, la cual corresponde al gobierno federal, a los estatales y a los municipales, según el tipo de servicio.
La infraestructura del agua potable, el drenaje sanitario, las vialidades urbanas, los residuos sólidos (basura), el alumbrado público y otros servicios similares, son responsabilidad de los gobiernos municipales, según lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de nuestro país. Eventualmente, el gobierno federal y los gobiernos de los estados apoyan presupuestalmente a los municipios.
Otro tipo de infraestructura corresponde a los Gobiernos de los Estados, como por ejemplo la red estatal de carreteras y eventualmente los caminos rurales dentro de ellos.
El tercer tipo de infraestructura, de gran relevancia, es la que le corresponde desarrollar y conservar al gobierno federal, como es el caso de la red federal de carreteras, tanto de cuota como libres de peaje, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica y la producción y distribución de hidrocarburos en todo el país, incluyendo la producción petroquímica.
A otras entidades federales les corresponde la infraestructura de salud, como es el caso de los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y la del ISSSTE para sus trabajadores asalariados. Es decir que el cumplimiento de todas las responsabilidades es de gran complejidad.
Quien mejor conoce las necesidades insatisfechas es la población que sufre carencias o deficiencias, como es el caso de la falta de agua potable entubada a nivel domiciliario, tandeada, en cantidad insuficiente, sin presión o de mala calidad. Es el mismo caso de los caminos rurales; quienes padecen su inexistencia o las malas condiciones y por lo tanto conocen su necesidad, son los habitantes de
decenas de miles de pequeñas poblaciones que permanecen incomunicadas o lo están deficientemente a través de brechas.
A nivel nacional existen diagnósticos generales de esa situación de los servicios. Usualmente esta información la tienen algunas dependencias federales y estatales y también el INEGI, por lo que es factible tener un diagnóstico de la situación actual de cada servicio.
Conocida la situación actual, es factible predecir el incremento futuro de esas demandas con una visión a 25 años, en función de la población demandante de ese tipo de servicios, información necesaria para elaborar planes de desarrollo sectorial, regional y estatal, en forma coordinada entre los tres niveles de gobierno.
Sumadas las carencias y deficiencias actuales con el incremento de las demandas, es factible desarrollar planes actualizables para la infraestructura de cada tipo de servicios y con base en las inversiones estimadas, se puede definir el importe total requerido por la futura infraestructura; si los montos de inversión son superiores a los presupuestos disponibles se reducirá el número de proyectos para hacerlos compatibles.
Se debe tener presente que los recursos económicos gubernamentales provienen en forma importante de las cargas fiscales que paga la sociedad civil quien las entrega para su administración. Cuando los presupuestos son insuficientes para atender las necesidades de infraestructura, se pueden obtener créditos nacionales e internacionales cuya factibilidad depende del nivel de endeudamiento del país, lo cual hará que una parte de los recursos futuros aportados por la población se encuentren parcialmente comprometidos, lo cual afectará la disponibilidad posterior de presupuestos para la infraestructura. Otra posibilidad es impulsar la inversión privada en infraestructura bajo la premisa de que las tarifas o cuotas por los servicios deben permitir la recuperación de las inversiones en los plazos establecidos de común acuerdo.
Además de la satisfacción de las necesidades de servicios, también es necesario aprovechar las oportunidades de la industrialización; el país requiere generar anualmente millones de empleos y una parte importante de ellos los produce la propia población mexicana a través de empresas privadas, principalmente de carácter industrial y comercial, las cuales para asegurar su éxito requieren de un crecimiento acelerado de la infraestructura de energía eléctrica, hidrocarburos, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, agua industrial y residuos, entre otras.
Con fundamento en esta visión a nivel macroeconómico, el Colegio de Ingenieros Civiles de México constituyó internamente un CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA, considerando que para cumplir con sus obligaciones jurídicas, sociales y éticas, los ingenieros civiles mexicanos y de otras especialidades tenemos los conocimientos, capacidades y experiencia necesarios para emitir opiniones y recomendaciones a los gobiernos sobre las mejores políticas para el desarrollo futuro de nuestra infraestructura.
En el CPI participan en forma importante diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana como la Academia de Ingeniería, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara
Nacional de Empresas de Consultoría, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y varias sociedades técnicas de las diversas ingenierías, las cuales emitirán conjuntamente opiniones y recomendaciones al Gobierno Federal sobre las políticas que sería recomendable establecer para el desarrollo futuro de nuestra infraestructura, con lo cual se avanzará hacia la satisfacción de las necesidades y el aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico y la generación de empleos para tener un México más fuerte y con gran presencia internacional.
