Entre la noche del martes y miércoles de esta semana, los dueños de las casi 12 mil gasolineras que existen en el país comenzaron a recibir en WhatsApp un documento pdf titulado “Acuerdo Nacional Gasolina”. Entre unos y otros se enviaron las ocho páginas con el sello de la Presidencia de la República y un subtítulo que dice “Política nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México”.
Entre la página 1 y 2 explica, en resumidas cuentas, que la gasolina y el diesel tienen un impacto directo con la producción de bienes y servicios que integran la canasta básica. Que uno de los mecanismos que se han utilizado para suavizar el efecto de la fluctuación del precio ha sido el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pero que, no obstante en los momentos en que los precios de referencia internacional han bajado, el beneficio no necesariamente se ha transferido al pueblo de México y por lo tanto se requiere impulsar una política nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina.
Al terminar de leerlo, los dueños de las estaciones de servicio comenzaron a buscar a sus distribuidores de combustible, es decir marcas como Valero, Shell, la casi liquidada British Petroleum y la propia Pemex. Si los empresarios ya estaban sorprendidos con el documento, las respuestas de los representantes de estas grandes firmas los dejaron aún más: el plan no está sustentado en ningún análisis, mucho menos en números. Reconocieron haber participado en reuniones a lo largo de las semanas anteriores con oficinas como la Secretaría de Energía, Profeco y la Organización de Expendedores de Petróleo, conocida como Onexpo, pero nada concluyente.
Con el paso de los días, los dueños de las gasolineras se dieron cuenta que el acuerdo había sido entre la cúpula de la Onexpo y el gobierno de la presidenta Sheinbaum y ese no ha sido su primer disgusto.
Al menos cinco gasolineros entrevistados para esta columna coinciden en que están sobrerregulados y nadie los defiende. De cada peso que ganan, 36 centavos se van en contratar a empresas que les hacen el muestreo de la gasolina o que revisan las máquinas dispensadoras, para luego entregar esos reportes a Hacienda, que finalmente da el visto bueno para seguir operando.
El tercer reclamo es que los liderazgos de la Onexpo ya ven más por la política que por los intereses del sector. Como muestra explican que el congreso más reciente, celebrado en Cancún, perdió protagonismo. Contrario a la costumbre, no aparecieron funcionarios de primer nivel, sino representantes de los representantes.
El cuarto reclamo es que los compradores de grandes cantidades de diesel están desapareciendo. ¿Por qué, si siguen circulando las unidades que lo necesitan? Los testimonios identifican que en distintas partes del país alguien con tremendo poder e influencia está importando y distribuyendo ese mismo diesel a precio más barato, con un margen de seis pesos de ganancia gracias a que lo mete como aceite y no le aplica el IEPS. ¿Quién será?
Stent:
La Presidenta tumbó la concesión de agua a la empresa Aguakán en Quintana Roo. Oficialmente argumentó que era porque no apoyaba la privatización. En el círculo cercano apuntan a que descubrió que Julio Scherer impulsaba el negocio.
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